La historia reciente de Metrocinco Plus no se entiende sin mirar el desgaste acumulado desde hace varios años en la operación del sistema Metrolínea. Antes de llegar a la decisión final de cerrar sus puertas, la empresa había entrado en una dinámica de reuniones de emergencia, promesas de recursos temporales y deudas que crecían más rápido que cualquier alternativa para sostener el servicio. En febrero, por ejemplo, autoridades locales y directivos del sistema se sentaron a revisar cómo mantener a flote a uno de los operadores históricos. El acuerdo alcanzado apenas permitió extender por dos meses su operación, un alivio corto en medio de un panorama que ya lucía irreversible.
Ese contexto es el que desemboca en la determinación anunciada por la Superintendencia de Sociedades. La entidad informó que el 19 de noviembre de 2025 se ordenó la apertura del proceso de Liquidación Judicial de Metrocinco Plus, con sede en Floridablanca, una medida tomada bajo los parámetros del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006. Con ello, la empresa pasa oficialmente a un proceso destinado a asegurar el manejo ordenado de sus bienes y a cumplir, en la medida de lo posible, con sus obligaciones pendientes frente a acreedores y terceros.
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Aunque el anuncio se conoció esta semana, los signos de deterioro venían desde mucho antes. Metrocinco Plus, operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm) de Bucaramanga durante más de quince años, vio cómo su relación contractual con Metrolínea llegó a su fin el 26 de febrero de 2025.
El cierre de esa etapa se dio en medio de diferencias en los acuerdos vigentes y del inicio de un nuevo esquema operativo para el sistema. Para un operador que llegó a contar con 140 buses padrones en sus mejores años, la escena de abril, cuando anunció el cese definitivo de actividades con apenas tres vehículos funcionando, fue el retrato más nítido del declive.
La Superintendencia explicó que la decisión respondió a la solicitud de Admisión presentada por Omar Leonardo Herrera Rincón, apoderado especial de la sociedad. Tras revisar la documentación, la entidad consideró que la liquidación era el camino adecuado para proteger el patrimonio empresarial y ordenar el manejo de los activos restantes.
En palabras del superintendente Billy Escobar, “la liquidación judicial es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos. Desde la entidad, seguiremos ejerciendo nuestra labor con rigor y compromiso, orientados siempre a la defensa del interés general”.
Los problemas financieros de Metrocinco Plus no son nuevos. Transportadores del Sitm habían denunciado desde hace tiempo que las deudas se acumulaban sin una respuesta clara. Para 2020, los pasivos superaban los 1.500 millones de pesos y solo entre enero y febrero de este año se sumaron otros $500 millones. Las cuentas por cobrar, lejos de disminuir, se convirtieron en el principal obstáculo para continuar. En abril, cuando la empresa anunció que ya no tenía margen para seguir rodando, explicó que el sistema le debía cerca de $2.400 millones de pesos, un monto que hacía imposible cubrir operaciones básicas, pagar al personal o garantizar el mantenimiento técnico de la flota.
El cierre, aunque anticipado por muchos dentro del sector, golpea nuevamente la discusión sobre la sostenibilidad financiera del transporte público masivo en Bucaramanga. Metrocinco Plus no solo fue un operador más, durante años fue un engranaje clave para mantener rutas, frecuencias y capacidad del sistema. Su salida obliga a replantear cómo se sostienen los contratos, cómo se actualiza el modelo financiero y qué tan preparados están los nuevos operadores para asumir cargas que históricamente no se han resuelto.
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