El Ministerio de Justicia de Colombia enfrenta un momento de inestabilidad institucional por la salida de la abogada Olga Lucía Claros Osorio del cargo de viceministra de Política Criminal, una decisión que se hizo efectiva el 18 de noviembre y fue confirmada por el Gobierno Nacional el jueves 20.
La renuncia de Claros, solicitada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, deja vacante una posición estratégica en medio de un período en el que la cartera enfrenta desafíos en materia de seguridad, ajustes administrativos y cambios de liderazgo que podrían afectar su funcionamiento durante los próximos meses.
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La trayectoria profesional de Claros ha sido reconocida por su solidez académica y experiencia en el sector público.
Sus pasos profesionales
Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con cuatro especializaciones en Derecho Público, Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, Derecho Disciplinario y Procesal Penal.
Además, posee una maestría en Gobernabilidad y Democracia y actualmente cursa una segunda maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, lo que evidencia su constante actualización en temas jurídicos y de política criminal.
Su carrera inició en Caquetá, como Inspectora de Tránsito y Transporte en Florencia, y continuó en la Gobernación, la Secretaría de Educación, Seguros La Previsora, la Cámara de Representantes y la administración de Boyacá.
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También se desempeñó como litigante en Bogotá, consolidando así una experiencia que la posicionó como una figura destacada en el ámbito jurídico nacional.
Sin embargo, su mayor reconocimiento provino de los trece años que trabajó en la Fiscalía General de la Nación, donde tuvo participación en áreas clave como Extinción de Dominio y Justicia Transicional, y colaboró en la elaboración de leyes fundamentales, entre ellas la Ley 1615 de 2013, la Ley 1654 de 2013 y la Ley 1708 de 2014.
El nombramiento de Claros como viceministra se produjo durante la gestión del exministro Eduardo Montealegre, quien confiaba en su liderazgo para implementar la política de “paz total” y los mecanismos legales para el sometimiento a la justicia.
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Su salida ocurre en un contexto de leves mejoras en la seguridad: en octubre se registró una disminución de homicidios, masacres, extorsión y delitos sexuales.
No obstante, los delitos mantienen un aumento acumulado en el año, y persisten dudas sobre la evolución de los secuestros, lo que resalta la relevancia de mantener la estabilidad en la cúpula del Ministerio.
Marcela Tovar será su reemplazo
En reemplazo de Claros, Marcela Tovar, directora de Política de Drogas y candidata a embajadora ante la ONU y Viena, asumirá de manera provisional el viceministerio de Política Criminal.
Tovar es filósofa de la Universidad Nacional y cuenta con una maestría en educación con enfoque en gestión de proyectos de la Universidad París V. Tiene más de 12 años de experiencia en política de drogas en Colombia y América Latina.
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Además, ha sido consultora de Open Society Foundations, una ONG internacional que ha financiado proyectos en Colombia promoviendo un enfoque de reducción de daños, y trabajó en la Alcaldía de Bogotá en temas de drogas y juventud.
Este relevo se da mientras el Ministerio de Justicia también enfrenta incertidumbre sobre la continuidad de Jefferson Dueñas como viceministro de Promoción de la Justicia, dentro de un contexto de ajustes administrativos que buscan fortalecer la gestión de la cartera.
El panorama institucional se complicó aún más luego de la negativa del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, a aceptar la propuesta del presidente Gustavo Petro para ocupar el Ministerio de Justicia, pese a que el decreto de nombramiento ya estaba listo.
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Ante esta situación, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, continúa como ministro encargado debido a la incapacidad médica de Augusto Ocampo, secretario Jurídico de la Presidencia.
Desde el 27 de octubre, cuando se firmó el decreto que aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre, el cargo de ministro de Justicia permanece vacante.
Durante los nueve meses restantes del actual gobierno, la cartera ha tenido cuatro titulares, luego de la salida de Néstor Osuna y Ángela María Buitrago, lo que ha generado un escenario de incertidumbre que imp
La capacidad de la cartera para garantizar continuidad y estabilidad será clave para enfrentar los retos pendientes en materia de seguridad y justicia en Colombia.
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