La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió, el jueves 20 de noviembre, una investigación formal contra el abogado penalista Miguel Ángel del Río. La decisión está relacionada con presuntas irregularidades en su intervención dentro del proceso penal contra el exembajador en Ghana, Daniel Garcés, investigado por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y abuso sexual.
De acuerdo con fuentes del tribunal, Del Río fue notificado el mismo día y deberá comparecer el 2 de febrero de 2026, en el marco de la audiencia de pruebas y calificación.
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La actuación disciplinaria fue iniciada tras una queja presentada por Beatriz Josefina Niño, víctima en el proceso penal contra Garcés. La mujer pidió examinar el papel del abogado, a quien señaló por haber asumido la representación de Claudia Araminta Bermúdez, una de las testigos llamadas por la Fiscalía, a pesar de que no requería apoderado para su declaración.
Miguel Ángel del Río reaccionó a la apertura del proceso a través de una publicación en su cuenta de X: “Algo debo estar haciendo bien que tengo a todos mis enemigos alborotados”, escribió, en un mensaje que respondía a un contenido que hacía referencia a la investigación disciplinaria en su contra.
La queja que dio origen al proceso
La denuncia presentada ante la Comisión sostiene que Bermúdez, exniñera de los hijos en común de Niño y Garcés, conocía de manera directa e indirecta los hechos investigados. La Fiscalía la había citado a rendir declaración juramentada el 10 de abril de 2025 a las 2:00 p. m. Sin embargo, horas antes, a las 11:03 a. m., la Fiscalía 3 Delegada ante la Corte Suprema recibió una solicitud de aplazamiento enviada por Miguel Ángel Del Río, en la que adjuntó un poder otorgado por la testigo.
En el documento aportado al expediente disciplinario se lee: “En ese escrito pidió reprogramar la diligencia por motivos laborales, alegando imposibilidad de asistir con su representada por encontrarse en medio de otro proceso”. Según la quejosa, la intervención del abogado generó la postergación de una diligencia en la que, por su condición de testigo, Bermúdez no necesitaba asistencia jurídica.
La víctima informó además que el 11 de abril de 2025, un día después del aplazamiento, Bermúdez compareció como testigo ante la Comisaría Primera de Familia de Suba, dentro de un proceso administrativo de medidas de protección. En esa diligencia, de acuerdo con Niño, la exniñera manifestó no saber que estaba representada por Del Río y negó haber otorgado un poder en materia penal, a través de su apoderada Ana Mercedes Barreiro, abogada de familia de Garcés.
Otras presuntas irregularidades
En la queja disciplinaria también se mencionan actuaciones relacionadas con otras dos testigos: Claudia Nieto y Carmén Nexy Uriza. Niño afirmó que ambas “han faltado a la verdad en varias diligencias judiciales, cambiando de manera abrupta sus versiones”, y advirtió que habrían omitido comparecer ante la Fiscalía 03 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La denunciante aseguró que, en dos declaraciones juramentadas, las niñeras reconocieron que Garcés habría asumido los honorarios del abogado encargado de su representación judicial, pese a que esta no era necesaria y resultaba improcedente para su calidad de testigos. Además, cuestionó cómo llegaron a ser representadas por el mismo abogado del exembajador y si esto implicaría un conflicto de intereses.
En el documento radicado ante la Comisión de Disciplina Judicial se plantea: “¿Cómo llegaron al doctor Del Río Malo? ¿De dónde salió el dinero para pagarle? ¿Y por qué una testigo clave en la investigación, que conocía de primera mano los presuntos hechos de violencia, terminó con el mismo abogado que el indiciado?”.
Como parte del trámite, la Comisión continuará con la recopilación de pruebas y tomará una decisión una vez culminado el proceso en curso.
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