El impuesto predial en Colombia es el pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute del bien debe hacer sobre los bienes inmuebles o predios ubicados en una zona urbana o rural. El aumento de este genera mucha preocupación en miles de familias, en especial, en municipios donde los aumentos alcanzaron niveles sin precedentes. Por eso, el senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, denunció que el alza desproporcionada de este tributo se convirtió en una calamidad para comunidades enteras, ya que los cobros superaron cualquier expectativa y pusieron en jaque la economía local.
Ávila puso el foco en San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), un municipio conocido por la cercanía a Bogotá y el atractivo turístico, pero que hoy enfrenta una crisis por el aumento del impuesto predial.
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Según el congresista, familias que antes pagaban $200.000 anuales ahora deben desembolsar entre $1.000.000 y $3.000.000. Ejemplos concretos ilustran la magnitud del problema: el predio Los Naranjos pasó de un avalúo de $16.000.000 en 2023 a $261.000.000 en 2024, lo que elevó el impuesto de $155.000 a $1.700.000. Otro caso extremo es el de La Cabaña, cuyo pago anual saltó de $394.000 a casi $16.000.000, lo que representa un incremento del 5.000%.
El origen de estos aumentos se encuentra en la actualización catastral hecha en el municipio. San Antonio del Tequendama formó parte de un convenio interadministrativo para actualizar el catastro en 11 municipios de Cundinamarca, con una inversión total de $20.000.000.000. Para este en particular, el proceso costó más de $1.837.000.000 y se ejecutó entre noviembre de 2019 y julio de 2023. Tras la actualización, el número de predios pasó de 7.081 en 2022 a 7.172 en 2023, con el 92% ubicados en zona rural. El valor total de los predios se disparó de $283.000.000.000 en 2022 a más de $1 billón en 2023, lo que se tradujo en cobros prediales considerablemente más altos.
Reacción de los ciudadanos
La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar. Las protestas y reclamos se multiplicaron, ya que muchos propietarios, sobre todo, campesinos, vieron cómo las obligaciones tributarias se volvían insostenibles. El congresista remarcó que pedir a una familia rural que pague entre $4.000.000 y $5.000.000 resulta inviable. El Concejo municipal aprobó en noviembre de 2024 un acuerdo para ofrecer alivios ante el aumento desmesurado, pero la situación sigue siendo tensa. Hasta el 20 de mayo de 2025, la Agencia Catastral había recibido 1.790 reclamaciones, de las cuales el 67% correspondían a solicitudes de rectificación de avalúos y el 54% permanecían sin resolver.
Los afectados recibieron respuestas que reconocen errores en el proceso, pero la exigencia de documentos probatorios y la lentitud en la resolución mantienen a muchas familias en una situación de incertidumbre, mientras los cobros continúan.
De igual manera, el impacto de la actualización catastral y los incrementos del impuesto predial no se limita a San Antonio del Tequendama. Municipios como Tuluá, Manizales, Popayán y Soacha también experimentan aumentos importantes, lo que motivó protestas y un llamado generalizado a las autoridades para que intervengan. Ávila insiste en la necesidad de que los avalúos catastrales se hagan de manera coordinada, progresiva y ajustada a la realidad de las comunidades, con lo que se eviten saltos abruptos que resulten imposibles de asumir para los contribuyentes.
“Esto no es solo Cundinamarca. Ustedes han visto protestas en todo el país y aquí es un llamado al Gobierno nacional, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales para poner un límite a esto. Es decir, ¿podemos hacer avalúo catastral, renovación del avalúo catastral? Claro. Nadie se va a oponer a eso. Pero esto tiene que ser medido, ajustado a las necesidades de la comunidad y tiene que ser progresivo", criticó el congresista.
En fincas de Sucre y Córdoba, productores agropecuarios como Luis Gómez denunciaron que el predial subió el 94% para fincas productoras y dedicadas a la creación de empleo. “Son aumentos desproporcionado fundamentados en resoluciones y leyes que violan el debido proceso y sin fundamentos técnicos”, señaló.
Propuestas legislativas y debate político sobre el impuesto predial
En respuesta a la crisis, el Congreso de la República debate proyectos de ley orientados a limitar los incrementos y establecer tarifas más justas. El 5 de agosto de 2025, la representante a la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, de Colombia Humana, radicó por segunda vez una iniciativa que busca garantizar un impuesto predial equitativo.
“Radicamos por segunda vez el proyecto de ley que busca que los colombianos paguen un impuesto predial justo. Proponemos la implementación de tarifas diferenciales y progresivas, además de la suspensión de las actualizaciones catastrales que no estén bien”, afirmó Vásquez.
La congresista destacó que la propuesta cobra relevancia ante la inminente actualización catastral masiva prevista para 2026 en 282 municipios, lo que representa el 44,5% del territorio nacional. Advirtió que no existe un plan de contingencia para contrarrestar el impacto en los contribuyentes y solicitó al Congreso que priorice el debate de su proyecto. “Hago un llamado al Gobierno nacional para avanzar en todos estos proyectos que están pensados en beneficio de las comunidades”, agregó.
Por su parte, el Gobierno nacional defendió la necesidad de actualizar los avalúos catastrales, pero reconoce los problemas derivados de los incrementos abruptos. El 19 de junio de 2024, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece topes a los aumentos del impuesto predial unificado (IPU), con límites que van desde el 30% hasta el 200%, y en casos excepcionales, hasta el 1.000%.
Protección de la economía de los hogares
El entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la medida busca proteger la economía de los hogares: “Lo que se busca es cuidar el bolsillo de los colombianos”. Bonilla señaló que los atrasos en la actualización catastral en muchos municipios han provocado incrementos desproporcionados, como los registrados en Popayán y Soacha, donde los aumentos han superado el 1.000%.
La ya exministra de Agricultura Jhenifer Mojica también intervino en el debate legislativo, y resaltó la importancia de alcanzar acuerdos en torno a este tema. Mojica valoró la aprobación en primer debate del proyecto de ley como un avance hacia la construcción de consensos que permitan abordar las problemáticas sociales derivadas del impuesto predial.
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