El escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Colombia sumó un nuevo capítulo con la concesión del noveno beneficio jurídico a uno de sus implicados.
Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la entidad, aceptó su responsabilidad en dos delitos y se comprometió a devolver parte del dinero recibido de manera ilícita, en medio de la investigación sobre el millonario contrato de carrotanques destinados a La Guajira.
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Barreto Gantiva, que permanece privado de la libertad, obtuvo un preacuerdo avalado por un juez el viernes 14 de noviembre. Como parte de este acuerdo, deberá cumplir una condena de cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y soborno en actuación penal.
Además, devolvió 100 millones de pesos y se comprometió a entregar otros 50 millones de pesos en un inmueble, recursos que, según la Fiscalía, corresponden a pagos recibidos por “planear, organizar y orientar hacia un contratista específico una orden de proveeduría del 11 de octubre de 2023, que tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira”.
Este contrato, valorado en 46.800 millones de pesos, se convirtió en el eje del escándalo por sus sobrecostos y el pago de sobornos.
Beneficios jurídicos y colaboración en la investigación
La entrega de este beneficio a Barreto Gantiva se suma a otros ocho otorgados por la Fiscalía en medio de la investigación. Bajo la dirección de la fiscal María Cristina Patiño, el despacho ha concedido seis preacuerdos y cuatro principios de oportunidad a implicados que han decidido colaborar con la justicia.
Esta estrategia ha permitido avanzar en el desmantelamiento de la red criminal que operaba dentro de la Ungrd, facilitando la recuperación parcial de recursos y la identificación de los responsables.
Entre los principales beneficiados por estos acuerdos figuran Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, su principal colaborador; el contratista Luis Eduardo López; el exasesor Pedro Rodríguez Melo; y la exasesora María Alejandra Benavides. Todos ellos se han convertido en testigos clave en los procesos judiciales que buscan esclarecer la magnitud de la corrupción y el destino de los fondos públicos desviados.
Modus operandi y alcance de la red de corrupción
El esquema delictivo revelado por las investigaciones giró en torno a la adjudicación irregular de contratos, el cobro de coimas y el direccionamiento de recursos a través de órdenes de proveeduría.
El caso más emblemático, el de los carrotanques para La Guajira, expuso cómo se estructuraron negocios con sobrecostos y pagos indebidos, afectando directamente la gestión de recursos destinados a atender necesidades básicas de la población.
Las pesquisas han permitido identificar la participación de exasesores y exministros en la trama. Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, aparece señalada por su conocimiento de proyectos que, presuntamente, se orientaron de manera irregular hacia congresistas con el objetivo de favorecer al Gobierno nacional.
Por su parte, Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), figura en conversaciones con Benavides sobre la urgencia de aprobar en 2023 tres proyectos por un total de 92.000 millones de pesos, con la sospecha de que estos beneficiarían a miembros de las comisiones económicas del Congreso.
El avance de las judicializaciones sobre estos exasesores resulta fundamental para esclarecer la posible implicación de altos funcionarios, entre ellos el exministro Ricardo Bonilla.
La Fiscalía ha anunciado su intención de imputarlo por su presunto conocimiento de la contratación irregular, aunque la fecha de la audiencia aún no ha sido definida. Otro exministro bajo investigación es Luis Fernando Velasco, quien habría participado en reuniones de alto nivel para influir en la asignación de contratos y el manejo de apoyos en el Congreso.
En este contexto, se prevén nuevos movimientos judiciales y la posibilidad de que surjan más imputaciones a medida que los testigos colaboren y se profundice en la red de corrupción que operó en la Ungrd. El proceso continúa en desarrollo, con la expectativa de que las investigaciones permitan esclarecer la responsabilidad de los exfuncionarios y recuperar los recursos públicos comprometidos.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene en suspenso la fecha de la audiencia contra el exministro Bonilla, a la espera de que concluyan las negociaciones con otros implicados, lo que mantiene la atención sobre el desenlace de uno de los casos de corrupción más relevantes en la gestión pública reciente del país.
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