La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al exsenador Julio Alberto Manzur Abdala a una diligencia de versión voluntaria en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá.
La comparecencia, que se realizó el viernes 14 de noviembre, buscó obtener información que amplíe el conocimiento judicial existente sobre hechos relacionados con el conflicto armado en Córdoba, Antioquia y Chocó.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad indicó que la citación se fundamenta en el proceso adelantado previamente por la Corte Suprema de Justicia contra Manzur Abdala por concierto para delinquir agravado, derivado de presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “El aporte a la verdad que se espera de Manzur Abdala debe superar el umbral de conocimiento al que llegó la Corte Suprema de Justicia y la justicia ordinaria en sus investigaciones”, señaló la JEP al convocar la diligencia.
La diligencia, que fue presidida por la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del Caso 04, cuyo mandato se centra en los hechos más graves del conflicto armado ocurridos entre 1986 y 2016 en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba. En este contexto, la Sala escuchó la versión del exsenador sobre hechos que, según la JEP, son de su conocimiento en virtud de su trayectoria política y del proceso judicial que dio lugar a su sometimiento.
Las declaraciones del exsenador cobran importancia pues la información recabada estuvo relacionada con las dinámicas criminales que se presentaron en Córdoba y Urabá, incluidos los presuntos acuerdos con estructuras paramilitares que habrían influido en decisiones administrativas y procesos electorales. Según la JEP, esos vínculos habrían permitido un control burocrático por parte de las AUC en la región.
Antecedentes judiciales y trámite de sometimiento
Julio Alberto Manzur Abdala fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia el 9 de septiembre de 2015 como presunto coautor del delito de concierto para delinquir agravado, por supuestamente promover o apoyar a grupos paramilitares en Córdoba. Parte de estas investigaciones dieron origen a su sometimiento posterior a la JEP.
Sin embargo, el proceso ante la jurisdicción transicional tuvo un giro en abril de 2022, cuando la Subsala B Especial de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas revocó la aceptación de sometimiento del exsenador. Según esa decisión, sus aportes iniciales habían sido considerados irrelevantes y carentes de seriedad, y no aportaban elementos novedosos o exhaustivos para la reconstrucción de la verdad.
El excongresista apeló la decisión, y la Sección de Apelación de la JEP, si bien respaldó los argumentos que sustentaron la revocatoria, determinó otorgarle una última oportunidad para entregar nuevos aportes. Esto llevó a la realización de dos audiencias únicas con Manzur Abdala los días 20 de enero y 20 de febrero de 2023.
Tras evaluar los nuevos insumos presentados por el compareciente, la Sala de Definición concluyó que la información entregada permitía ampliar la comprensión del impacto del conflicto armado en Córdoba y de la participación de las AUC y otros actores armados. La Resolución 2655 del 11 de agosto de 2023 determinó así su readmisión al proceso, destacando que los aportes eran suficientes y pertinentes para continuar con su sometimiento.
De acuerdo con la JEP, en estas diligencias el exsenador aceptó haber puesto su cargo de congresista a disposición de intereses paramilitares, tanto para obtener beneficios electorales como para incidir en nombramientos en administraciones municipales y departamentales. También reveló situaciones que, según la resolución, beneficiaron a personas en altos cargos del Estado.
La versión que entregó el exsenador ante la JEP será contrastada con el acervo probatorio existente en el tribunal de paz y con la información aportada previamente en procesos ante la justicia ordinaria. La Sala de Reconocimiento analizará sus declaraciones para verificar si cumple con las exigencias del régimen de condicionalidad, cuya finalidad es garantizar verdad plena y reparación a las víctimas
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