El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

El panorama humanitario en Colombia atraviesa un repunte alarmante en 2025. Entre enero y septiembre, más de 1,5 millones de personas se vieron afectadas por hechos vinculados al conflicto armado, la violencia generalizada y los desastres naturales, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha). La magnitud del impacto, casi tres veces superior a la registrada un año atrás, volvió a poner en evidencia la fragilidad de las regiones más golpeadas por el conflicto y la débil capacidad de respuesta ante la crisis.

El informe reveló un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en departamentos como Chocó, Cauca y Norte de Santander, donde las comunidades enfrentan desplazamientos forzados, confinamientos prolongados y limitaciones a la movilidad impuestas por grupos armados. A esto se suman ataques contra civiles, amenazas constantes y el recrudecimiento de los combates en zonas rurales, lo que interrumpió el acceso a servicios esenciales y complicó la labor de las misiones humanitarias.

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Entre los datos más críticos está el aumento de los desplazamientos. Más de 83.700 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en eventos masivos durante los primeros nueve meses de 2025, un salto del 93% frente al mismo periodo del año anterior. A ellos se suman 103.100 desplazamientos individuales, lo que eleva la cifra total a 186.800 afectados. El fenómeno, explica Ocha, no solo responde a enfrentamientos directos, también a amenazas, extorsiones y bloqueos que hacen imposible permanecer en los territorios.

El confinamiento de comunidades también se convirtió en una forma de control territorial cada vez más extendida. En lo que va del año, 121.786 personas vieron restringida su movilidad, un 19% más que en 2024. En total, más de 811.905 personas se encuentran bajo condiciones de emergencia derivadas de confinamientos o bloqueos armados, especialmente en Chocó, Bolívar, Guaviare y Valle del Cauca. La reaparición de este tipo de incidentes en municipios donde no se reportaban desde 2016 preocupa a las organizaciones humanitarias.

A la violencia armada se superponen los efectos del clima. Inundaciones, deslizamientos y vendavales afectaron a más de 815.500 personas, muchas de ellas en zonas donde las hostilidades continúan. La Ocha advirtió sobre esta “doble afectación”, en la que comunidades desplazadas por la guerra quedan luego aisladas por desastres naturales, con rutas bloqueadas y dificultades para recibir ayuda. En varios municipios, los derrumbes y las lluvias intensas coincidieron con operaciones militares o enfrentamientos, agravando la crisis alimentaria y de atención médica.

El impacto sobre la población civil se refleja también en los ataques directos. Solo este año, 117.800 personas fueron víctimas de distintas formas de violencia, entre ellas amenazas, homicidios selectivos y castigos impuestos como mecanismos de control social. Entre julio y septiembre se registraron 39.600 casos, seis veces más que en el mismo trimestre de 2024. La situación es particularmente grave para los defensores de derechos humanos, 53 líderes y lideresas fueron asesinados durante 2025.

Los niños, niñas y adolescentes continúan siendo de los más vulnerables. El organismo internacional reportó casos persistentes de reclutamiento, uso y utilización de menores en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Cauca. Además, al menos “1.208 niños, niñas y adolescentes se vieron afectados indirectamente por la denegación de acceso humanitario”, señaló el informe, que también documentó ataques a escuelas y la presencia de artefactos explosivos cerca de instituciones educativas.

Precisamente, la amenaza por explosivos sigue en expansión. Hasta septiembre se registraron 98 víctimas por artefactos de este tipo, incluidos los lanzados desde drones, lo que supone un incremento del 16% respecto al año anterior. Las zonas más afectadas son Nariño, Bolívar, Antioquia, Cauca y Norte de Santander. Algunas áreas que fueron declaradas libres de contaminación volvieron a presentar incidentes, un indicio de que los patrones de uso y las tácticas de los actores armados están cambiando.