Cuatro décadas después de la tragedia de Armero, la Defensoría del Pueblo presentó un informe que revela la persistencia de graves vulneraciones de derechos humanos y la falta de reparación efectiva para los sobrevivientes de Armero, la mayor catástrofe natural en la historia de Colombia.
El documento, titulado “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia”, expone cómo las secuelas del desastre siguen marcando la vida de miles de personas.
Aunque él informe se expondrá el 12 de noviembre a las 5:00 p. m. en la antigua estación del tren en Honda, Tolima, Semana accedió al mismo previamente.
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El informe, elaborado por la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, fue presentado el miércoles 12 de noviembre en la Antigua Estación del Tren de Honda, Tolima.
La investigación analiza el impacto de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985, que cobró la vida de unas 25.000 personas y dejó profundas heridas en la sociedad colombiana.
El documento de 128 páginas revisa los antecedentes de la tragedia, examina la situación actual de los armeritas y plantea lecciones para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el país.
Entre los principales hallazgos, destaca que el caso Armero constituye un referente ineludible para comprender los desafíos estructurales de la gestión del riesgo de desastres en Colombia.
El informe señala que, a pesar del tiempo transcurrido, persisten impactos sociales, económicos y culturales en los sobrevivientes. Las trayectorias vitales de quienes lograron sobrevivir están marcadas por la fragmentación, la pérdida de lazos comunitarios y el desarraigo territorial.
Además, las consecuencias económicas, como la reducción de medios de vida y la precarización laboral, junto con la erosión de la identidad armerita, continúan limitando el ejercicio pleno de derechos fundamentales y colectivos.
El documento también subraya la existencia de vacíos institucionales y la ausencia de una reparación efectiva.
Según Semana, el informe advierte que el Estado aún desconoce el número, la identidad y la ubicación de los sobrevivientes, así como de la población afectada en general.
Uno de los aspectos más dolorosos es la falta de información sobre al menos 150 niños desaparecidos, cuyos familiares siguen reclamando respuestas. Además, persisten problemas relacionados con la formalización y seguridad jurídica de las viviendas entregadas a los sobrevivientes en distintas regiones del país, así como con el saneamiento predial y la definición legal de la propiedad en el área del desastre.
En su reflexión institucional, la Defensoría del Pueblo enfatiza que el caso Armero debe servir como una lección para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en Colombia.
El informe insiste en la necesidad de respuestas sostenidas y articuladas que garanticen los derechos de las personas y comunidades afectadas, y que permitan superar las debilidades normativas e institucionales que han perpetuado la vulnerabilidad de los sobrevivientes.
Durante el evento de presentación, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, invitó a la sociedad a reflexionar sobre las afectaciones a los derechos humanos de las víctimas y a mantener viva la memoria colectiva
Aunque han pasado cuarenta años, el informe advierte que las heridas de Armero siguen abiertas y que la falta de atención y reparación continúa afectando la vida cotidiana de miles de personas en Colombia.
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