ELN amenazó al Gobierno Petro si trata de liberar a cinco militares secuestrados en Arauca: “Responsabilizamos a sus Fuerzas Armadas”

En la mañana del lunes 10 de noviembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó su autoría en el reciente secuestro de cinco soldados del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Tame, Arauca.

A través de un video difundido en redes sociales, el Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño aseguró que los cinco uniformados fueron retenidos sobre las 11:40 a. m. del domingo 9 de noviembre en la vereda Santo Domingo, según el grupo armado, en una acción de control territorial.

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“El día 9 de noviembre de 2025, a las 11:40 a. m., en acción de control territorial en la vereda Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca, unidades del FGO ELN retuvieron a cinco soldados profesionales que se movilizaban de civil en un bus”, comentó el grupo armado.

Los encapuchados también confirmaron las identidades de los cinco militares, que responden a los nombres de Sergio Andrés Muñoz Zapata, de 23 años; Daniel José Munive Sandoval, de 22 años; César Julio Muñoz Osorio, de 23; Andrés Felipe Muñoz Castro, de 23 años, y Luis Ángel Navarro Banquet, de 21 años.

En su comunicado, el grupo guerrillero aseguró que, a través de una comisión humanitaria, coordinarán la liberación de los uniformados en los próximos días, siempre y cuando no exista una incursión militar por parte de las Fuerzas Militares.

De hecho, el vocero del Frente de Guerra Oriental amenazó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sobre los posibles riesgos en la integridad física y mental de los soldados colombiano, en caso de que las fuerzas del orden decidan adelantar una liberación militar.

“Los retenidos serán liberados ante una comisión humanitaria. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y a sus Fuerzas Armadas por lo que pueda sucederles en caso de un intento de rescate militar”, señaló el grupo armado.

La advertencia del grupo armado se da apenas horas después de que el Ejército Nacional desplegara operaciones de búsqueda y control, movilizando recursos para tratar de ubicar a los soldados.

Según informó la institución, los uniformados se encontraban de retorno tras un descanso operacional y, desoyendo instrucciones previas de viajar por vía aérea, optaron por desplazarse por carretera. En su trayecto, los interceptaron personas armadas que habían instalado un retén ilegal en la zona.

El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo fue contundente, condenando el secuestro y exigiendo la liberación inmediata de los militares. “De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes. Reiteramos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad”, manifestó la entidad, subrayando la seriedad de los delitos que enfrentan quienes perpetran este tipo de acciones.

Los episodios de violencia no se limitaron al secuestro en Arauca. El pasado fin de semana, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) protagonizó un intento de atentado en Tunja, capital del departamento de Boyacá, tradicionalmente considerada una de las ciudades más seguras del país.

Un vehículo tipo volqueta, cargado con 24 cilindros bomba, fue abandonado cerca del batallón militar Simón Bolívar, alerta que se logró gracias a la pronta comunicación de los habitantes del barrio Alcalá, quienes detectaron la maniobra alrededor de las cinco de la mañana del sábado.

Estos hechos, atribuidos al Eln tanto en Arauca como en Tunja, generaron inquietud respecto a la posibilidad de que la violencia armada abandone su tradicional confinamiento a zonas rurales o a la frontera y alcance áreas urbanas usualmente consideradas seguras.

Entretanto, las cifras oficiales apuntan a un crecimiento sostenido de los secuestros y la actividad armada en varias regiones de Colombia durante los primeros meses de 2025, profundizando la preocupación por la seguridad nacional.

Entre enero y noviembre de este año, las autoridades registraron un total de 437 personas víctimas de secuestro, de las cuales 133 pertenecen a la Fuerza Pública. Solo siete de estos uniformados —cuatro integrantes del Ejército y tres policías— continúan privados de la libertad en zonas donde operan grupos armados ilegales.