
El acceso a la salud vive una nueva crisis en Colombia ante la denuncia de pacientes que enfrentan falta de medicamentos y extensas demoras para continuar sus tratamientos. Testimonios recogidos por La FM y El Tiempo señalan que la problemática se extiende por todo el país y afecta sobre todo a quienes dependen de procedimientos y fármacos vitales. Familias reportan recorridos de varias ciudades y protestas frente a farmacias y sedes de EPS (entidades promotoras de salud) para exigir sus derechos básicos.
El drama se repite en regiones como La Guajira, Medellín, Cartagena y Armenia. Usuarios de entidades como Sanitas, Colsanitas y Nueva EPS narran que deben desplazarse a otras ciudades para cumplir las órdenes médicas.
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Cielomar Roy, residente en Barrancas, compartió: “He tenido que enviar a un familiar hasta Riohacha con la fórmula porque en Barrancas no hay disponibilidad. Es un gasto extra y un riesgo para nuestra salud”, en una frase recogida en La FM.
Rubén Rosado, cuidador de un familiar cuadrapléjico, relató la dificultad para acceder a pañales y medicamentos de control. “Hice fila dos días y me fui con las manos vacías”, declaró al mismo medio, reflejando la situación de cientos de personas que finalmente no reciben la ayuda solicitada a tiempo.
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Prescripción médica vencida y riesgos para la vida
Yudith Naranjo, madre de Waira Arango, de 9 años y diagnosticada con el síndrome ZTTK, relató los reiterados intentos para garantizar los medicamentos de su hija frente a la Nueva EPS. Según su testimonio difundido por La FM, “cada mes nos dicen que esperemos. Cuando llegaba fin de mes, nos decían que la orden ya se había vencido”. Waira permanece aislada en su casa y no puede asistir al colegio debido a las complicaciones inmunológicas que sufre.
En Cartagena, Mónica Payares describe la situación de su madre, Carmen Castillo, de 89 años, paciente con múltiples comorbilidades: “No nos entregan los medicamentos. Solo nos dan listados de pendientes. Dicen que la Nueva EPS no ha pagado”, afirmó. Mónica, también adulta mayor, asumió los cuidados diarios en medio de sus propios problemas de salud.
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Riesgo de perder trasplantes y medidas extremas de protesta
El impacto de la crisis repercute con fuerza en trasplantados y pacientes crónicos. Marly Reyes Bayona depende de inmunosupresores para proteger el riñón que recibió hace siete años, pero denuncia que la entrega de medicamentos puede demorarse hasta tres meses. “Sin mis inmunosupresores, mi cuerpo puede rechazar el órgano. Es una pesadilla”, confesó a El Tiempo. El coste de los fármacos llega a sumar entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, una cifra inalcanzable para beneficiarios de salarios mínimos.
Frente al retraso extremo, pacientes realizan manifestaciones inusuales: Reyes se encadenó a las instalaciones de la Nueva EPS en Bucaramanga junto a otras dos afectadas. Según contó a El Tiempo, la entrega solo sucedió tras esta protesta. Erika Velásquez, paciente con síndrome de Eisenmenger, declaró al mismo medio la imposibilidad de conseguir el fármaco iloprost, de alto costo: “No lo venden en farmacias, toca por encargo, y ni siquiera me lo entregan”.
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En Pasto, la Red de Madres Cuidadoras con Hijos en Situación de Discapacidad organizó una protesta similar y exigió fármacos suspendidos por la EPS Emssanar. “En Emssanar le han suspendido todos los medicamentos a mi hijo. Solo pido el derecho a tener una salud digna”, reclamó Myriam Muñoz, quien alzó su voz tras meses de espera.
Otro testimonio de María Teresa, participante de la protesta, enfatizó la persistencia del problema pese a acciones legales: “Tengo tutela, pero llevamos años en esto. Muchas veces hasta nos hemos encadenado”.
Dimensión nacional y respuesta institucional
De acuerdo con cifras de la Personería de Manizales citadas por El Tiempo, en octubre de 2025 había 156.223 medicamentos pendientes de entrega por parte de la Nueva EPS solo en esa ciudad. Tras una acción popular, la justicia reconoció que los retrasos presentan un carácter estructural y no son casos aislados. El Instituto Departamental de Salud de Nariño indicó que en septiembre se formularon más de 301.000 medicamentos en la región, pero solo se entregaron 264.000.
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Según informó La FM, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, no identifica un desabastecimiento general, sino graves dificultades de acceso y retrasos administrativos. El organismo reportó el no suministro de 584 medicamentos en todo el país y advirtió que el costo privado de algunos fármacos supera el 90% de los ingresos mensuales del paciente.
Mientras tanto, el Gobierno nacional afirma que el acceso a tratamientos “está garantizado” y que las EPS intervenidas atraviesan un proceso de reorganización urgente para proteger el sistema. La FM y El Tiempo coinciden en que los testimonios recogidos presentan una realidad de filas, incertidumbre y temor al deterioro de la salud.
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Protestas, tutelas y un derecho en vilo
“Nos entregan los medicamentos cuando ya estamos muertas”, describió una madre del grupo manifestante en Pasto. Distintas personas relatan que la única alternativa para sobrevivir ha sido intercambiar medicinas entre pacientes, realizar múltiples diligencias y buscar solidaridad en familiares y amigos.
El problema sanitario afecta a colectivos con enfermedades raras, discapacidades y adultos mayores, y expone las limitaciones actuales del sistema. Tanto los datos estatales como los múltiples testimonios de afectados subrayan que el acceso a medicamentos y atención oportuna sigue sin respuesta real a lo largo de Colombia.
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