Los casos de incursión de colombianos en los ejércitos de Ucrania y Rusia para servir a esos países en medio de su conflicto se han venido conociendo cada vez con mayor regularidad.
Hoy son varios los videos que circulan en las redes sociales de nacionales contando las experiencias que viven combatiendo en esos dos países.
Pero ahora se conoció que dos colombianos que combatían por Ucrania fueron condenados por un tribunal administrativo de Moscú a 13 años de prisión luego de ejecutar tareas de combate, tal como lo señaló el fiscal encargado del caso, según AFP.
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La reciente condena de un grupo de personas acusadas de realizar actividades “mercenarias” en territorios controlados por Rusia en medio del conflicto en Ucrania ha provocado reacciones de inquietud a nivel internacional.
La reciente condena de un grupo de personas acusadas de realizar actividades ‘mercenarias’ en territorios controlados por Rusia en medio del conflicto en Ucrania ha provocado reacciones de inquietud a nivel internacional.
Organizaciones y gobiernos observan con atención el aumento de sentencias emitidas por tribunales en zonas ocupadas, situación que coincide con denuncias constantes sobre la transparencia y equidad de estos procesos judiciales.
Identidad de los colombianos condenados
Alexander Ante y José Medina, dos exsoldados colombianos, fueron condenados en Rusia por su participación como “mercenarios” en el conflicto del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informó la oficina del fiscal en Telegram.
El tribunal de Moscú comunicó el 28 de agosto de 2024 la detención provisional de ambos ciudadanos, quienes habían desaparecido durante seis semanas tras realizar una escala en Venezuela el 18 de julio de 2024, cuando regresaban a Colombia.
De acuerdo con el diario El Tiempo, la policía venezolana detuvo a Ante y Medina en Caracas, ciudad donde sus familiares perdieron contacto con ellos mientras intentaban continuar su viaje hacia Bogotá. Los dos exmilitares, de 37 y 48 años, se habían alistado a finales de 2023 para unirse al conflicto.
Ante salió de Colombia en octubre y Medina en noviembre, y ambos planearon regresar juntos a sus hogares en Popayán, departamento del Cauca.
Regulación de reclutamiento y financiamiento de mercenarios colombianos
Las autoridades colombianas han decidido enfrentar el fenómeno del reclutamiento y financiamiento de mercenarios con una iniciativa legislativa que busca modificar el marco jurídico nacional y responder a una problemática que ha involucrado a miles de ciudadanos en conflictos armados fuera del país.
El Ministerio de Defensa y un grupo de congresistas, entre los que se encuentran Alejandro Toro Ramírez, Álvaro Londoño Lugo y Jhon Jairo Berrío, impulsan un proyecto de ley que pretende prevenir la participación de colombianos en guerras extranjeras y sancionar las redes que los reclutan y financian.
El documento, que será debatido en el Congreso de la República, propone la aprobación de la “convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el cuatro de diciembre de 1989.
El objetivo central es incorporar al ordenamiento jurídico colombiano una serie de medidas orientadas a combatir el fenómeno del “mercenarismo”, definido como la participación de nacionales en conflictos armados extranjeros de manera irregular. De acuerdo con datos del Gobierno nacional, entre 2020 y 2025 se registró la participación de al menos ochocientos colombianos en conflictos fuera del país, aunque la cifra real podría superar los 3.000 casos.
Los involucrados suelen recibir ofertas millonarias por cada misión completada en el exterior, especialmente en escenarios como el conflicto entre Rusia y Ucrania. No obstante, algunos han denunciado haber sido retenidos o haber sufrido tratos inhumanos por parte de sus superiores.
El proyecto de ley establece que, en caso de ser aprobado, se tipificarán delitos ligados a la práctica del mercenarismo, incluyendo la financiación de entrenamientos de exmilitares. Además, se protegerá la imagen de las Fuerzas Militares ante la comunidad internacional y se facilitará la cooperación con otros Estados para investigar estos casos.
Uno de los aspectos fundamentales del texto es la definición precisa de “mercenario”, que se articula sobre seis criterios acumulativos. Solo el cumplimiento de todos estos requisitos permitirá considerar a una persona como mercenario, lo que busca evitar la criminalización de actividades legales o de quienes hayan sido engañados mediante ofertas fraudulentas.
El proyecto también contempla la tipificación penal de conductas asociadas, incluyendo la tentativa y la complicidad, y exige que el Estado colombiano adapte su código penal para sancionar estos comportamientos. Sin embargo, se excluye de responsabilidad penal a quienes hayan sido víctimas de engaños o trata de personas.
El articulado impone varias obligaciones estatales: los Estados deberán tipificar las conductas prohibidas en sus legislaciones nacionales, establecer jurisdicción para juzgar a los infractores y adoptar medidas de prevención frente al mercenarismo. Las acciones preventivas deberán ajustarse a estándares internacionales y garantizar la protección de los connacionales involucrados, sin afectar las actividades legales de las empresas de vigilancia y seguridad privada.
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