Ecopetrol podría salvarse del multimillonario embargo debido a error que desconoce la Dian: “Aplicación retroactiva”

El inicio de un proceso de cobro coactivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) contra la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, por una deuda que asciende a $1,03 billones generó preocupación en el sector energético y tributario de Colombia. El conflicto se centra en el presunto no pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la importación de gasolina y Acpm entre 2022 y 2024, lo que puso en debate la interpretación de la normativa fiscal y el riesgo de un embargo con posibles consecuencias para el empleo y el suministro de combustibles en el país.

La Dian sostiene que la importación y nacionalización de estos combustibles debe estar gravada con una tarifa del 19% sobre el valor en aduana. Por su parte, Ecopetrol y Reficar rechazaron la interpretación y recurrieron a vías legales para impugnar la decisión.

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A pesar de estos recursos, la autoridad fiscal ratificó la deuda y notificó a Reficar sobre la posibilidad de un embargo si no se hace el pago en un plazo de siete a 18 días. La Unión Sindical Obrera (USO) advirtió que una medida de este tipo podría paralizar la operación de Reficar, afectar el suministro nacional de combustibles y poner en riesgo miles de empleos.

Análisis jurídico y advertencias

Frente al asunto, expertos como el socio de Impuestos en Baker McKenzie Colombia Juan David Velasco consideran que el caso del IVA en la importación de combustibles pone en evidencia un problema estructural del sistema tributario colombiano: la inseguridad jurídica derivada de la posibilidad de que una autoridad administrativa cambie su interpretación y la aplique de forma retroactiva.

“Esto altera las reglas de juego sobre las cuales los contribuyentes toman decisiones y vulnera el principio de confianza legítima”, señaló. A su juicio, si incluso una empresa con participación estatal como Ecopetrol enfrenta este nivel de incertidumbre, la situación para otros contribuyentes resulta aún más preocupante.

“Colombia necesita un sistema tributario estable, coherente y predecible, que restablezca la confianza en las instituciones”, concluyó.

Al respecto, para ir más allá, Infobae Colombia consultó al ex subdirector operativo de Fiscalización y Liquidación de la Dian Christian Quiñonez, que señaló los problemas jurídicos y económicos que rodean el caso. Según él, la resolución de la Dian, de 58 páginas, se apoya en argumentos jurídicos que, a su juicio, desconocen elementos fundamentales de la normativa tributaria. Por eso, explicó que, desde 2016, la normatividad estableció que la gasolina y el Acpm pasaron a ser gravados en las importaciones, cuando antes estaban excluidos.

Sin embargo, resaltó que el artículo 468-1 del Estatuto Tributario establece una base gravable especial y una tarifa del 5% sobre el ingreso al productor, y que el remanente se grava al 19%. “La Dian está diciendo, pues, si no hay resolución del Ministerio de Minas fijando el precio, no importa, porque la base gravable, la norma dice que ahí está”, afirmó.

Asimismo, considera que la Dian desconoce que debe existir un ingreso al productor definido por el Ministerio de Minas, sobre el cual se aplica la tarifa del 5%. En ausencia del ingreso, argumenta que todo el valor de la importación debería estar gravado al 5%, y no al 19% como sostiene la Dian. Quiñonez reconoció que “existe un margen de error tanto en la posición de la Dian como en la defensa de los contribuyentes, pero enfatizó que el núcleo del problema radica en la aplicación retroactiva de un concepto doctrinal emitido por la Dian en 2024 a operaciones de años anteriores".

“La Dian está sancionando a Ecopetrol por las operaciones de Reficar del año 2024 hacia atrás. Quiere decir esto que le está aplicando una retroactividad a la disposición de la doctrina de ese concepto de la Dian”, advirtió.

Para el exfuncionario, el proceder vulnera el principio constitucional de no retroactividad en materia tributaria. “Cuando nace la ley no se puede aplicar hacia atrás. Lo mismo aplica para conceptos y para cualquier tipo de disposición normativa en materia tributaria”, sostuvo. Resaltó que este será el eje de una discusión jurídica de gran alcance en el Consejo de Estado, donde prevé que Ecopetrol podría obtener un fallo favorable y la Dian tendría que devolver las sumas embargadas.

Impacto potencial del embargo

El impacto potencial de un embargo, según Quiñonez, sería inmediato y severo. “Si efectivamente se hace este embargo, estamos hablando de posiblemente cerrar en unos 15 días las operaciones de Reficar. Esto repercute en 2.000 o 2.500 empleados que efectivamente se van a quedar sin trabajo”, alertó el también partner de Clevertax Assesment. Además, anticipó un desabastecimiento de combustibles en todo el país, con especial incidencia en la costa Caribe, y afectaciones al suministro de combustible para la aviación, lo que podría repercutir en la conectividad aérea y el turismo.

“La medida de un embargo va a ser de gran impacto, además de un flujo de caja para todo Ecopetrol, que ya de por sí viene con unos resultados muy mediocres en términos financieros”, agregó.

El experto también vinculó la situación actual con las políticas fiscales del Gobierno Petro, al señalar que la reforma tributaria de 2022 y la imposibilidad de deducir regalías deterioraron la rentabilidad del sector de hidrocarburos y provocó la salida de inversionistas extranjeros. “El mensaje, claramente, va a ser de una gran inseguridad jurídica para los inversionistas extranjeros en el sector energético colombiano, que básicamente va a incrementar esa desconfianza en el mercado colombiano que ya existe y viene latente”, afirmó.

Las consecuencias económicas y sociales de un eventual embargo se proyectan en varios frentes. Insistió en que el desabastecimiento tendría alcance nacional y repercutiría en la recaudación tributaria, lo que agravaría el déficit fiscal del país. “La Dian por recaudar un poquito más a través de un embargo y cumplir con una meta tributaria, está poniendo en riesgo otra empresa que también coadyuva con los ingresos del país y que al verse deteriorada en sus finanzas, va a verse perjudicado también el presupuesto del país”, explicó.

Alternativas legales y perspectivas futuras

En cuanto a las alternativas legales, Ecopetrol y Reficar ya optaron por interponer recursos y tutelas para frenar el embargo, aunque Christian Quiñonez considera que estas medidas solo podrían aplazar el proceso. La vía principal, según él, será la demanda ante el Consejo de Estado, donde la defensa se centrará en la violación al principio de no retroactividad. De prosperar este argumento, la Dian podría verse obligada a revertir la medida y devolver los recursos embargados.

Frente a este panorama, el ex subdirector operativo de Fiscalización y Liquidación de la Dian sugirió que el Gobierno nacional debería buscar una solución negociada con Ecopetrol antes de iniciar un litigio prolongado que podría generar daños difíciles de revertir para la economía, el empleo y la estabilidad fiscal del país.