Proyecto divide al liberalismo por veto a familiares de alcaldes y gobernadores en el Congreso de la República

La Comisión Primera del Senado dio luz verde a un proyecto de ley que impediría que los familiares cercanos de gobernadores o alcaldes aspiren a una curul en el Congreso de la República.

La propuesta, que busca evitar conflictos de interés y posibles concentraciones de poder, ha generado posiciones encontradas entre figuras del Partido Liberal.

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En entrevista con W Radio, el senador Alejandro Chacón defendió la iniciativa argumentando que el Ejecutivo ha desbalanceado la estructura del Estado. “Hoy vemos cómo el Ejecutivo rompe con el equilibrio y se apodera del Legislativo usando el poder de la contratación pública. Para nadie es un secreto que varios candidatos al Senado están poniendo familiares en cargos y violando la ley”, sostuvo.

El congresista liberal aseguró que este tipo de conductas se han vuelto cada vez más frecuentes en las regiones. “Antes pasaba con uno o dos casos, ahora ocurre en casi todos los departamentos: Pereira, Santander, Antioquia, Córdoba. El Congreso debe actuar”, añadió durante su intervención en la emisora.

Según explicó, el propósito del proyecto es frenar la incidencia de los mandatarios locales sobre las campañas legislativas, una práctica que, según él, amenaza la independencia de las ramas del poder público. Chacón recordó además que la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han advertido sobre los riesgos administrativos y éticos que surgen cuando los gobiernos locales intervienen en los procesos electorales.

Por su parte, el exgobernador de Sucre y precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa manifestó en diálogo con W Radio su desacuerdo con la medida, calificándola de discriminatoria y poco efectiva. “Es inconveniente, porque hay hermanos que no se llevan bien, que militan en partidos distintos o que tienen liderazgos autónomos. Que un hermano le quite los derechos a otro es injusto”, afirmó.

Espinosa señaló que el proyecto no solucionaría las prácticas indebidas que se buscan evitar. “Si un mandatario quiere manipular los recursos públicos, lo hará a través de cualquier persona de su equipo. Este proyecto no resuelve el problema”, expresó.

El precandidato añadió que la iniciativa es “a destiempo, injusta y sin soluciones reales”, pues considera que el país debería enfocarse en fortalecer los mecanismos de control y transparencia antes que en imponer nuevas restricciones a la participación política.

El debate sobre la pertinencia del proyecto ha abierto una discusión más amplia dentro del liberalismo sobre la ética pública y los límites de la representación política. Algunos sectores apoyan la propuesta como una forma de blindar la democracia de intereses familiares y de prevenir el clientelismo, mientras otros la ven como una medida populista que desconoce la autonomía de los ciudadanos y sus derechos políticos.

En el Congreso, la discusión se centrará ahora en definir el alcance de la norma y los grados de parentesco que serían cobijados por la prohibición. De aprobarse en los siguientes debates, los familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad —como cónyuges, padres, hijos y hermanos— de alcaldes o gobernadores en ejercicio no podrían inscribirse como candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes durante el periodo siguiente a la administración de sus parientes.

Juristas consultados por W Radio advirtieron que la propuesta podría enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad, ya que podría interpretarse como una restricción desproporcionada al derecho a ser elegido, protegido en la Carta Política. Sin embargo, sus defensores insisten en que se trata de una medida preventiva y necesaria para preservar la transparencia en la política.

El senador Chacón reiteró que su propósito no es excluir a nadie del ejercicio político, sino evitar que las estructuras del poder territorial influyan en la conformación del Congreso. “No estamos atacando a las familias ni a las personas. Lo que buscamos es que las decisiones políticas no se contaminen con intereses personales o familiares”, aseguró.

Mientras tanto, Espinosa insistió en que la democracia no debe construirse a partir de prohibiciones. “El país no necesita más vetos, sino más educación política y más institucionalidad. Este tipo de proyectos terminan castigando a quienes nada tienen que ver con los abusos de poder”, enfatizó.

La controversia continuará en las próximas semanas cuando la iniciativa pase a su segundo debate. Tanto los partidarios como los detractores coinciden en que el tema pone sobre la mesa la necesidad de revisar las relaciones entre los poderes del Estado y la forma en que la política regional incide en el ámbito nacional.