En la tarde del miércoles 29 de octubre, la Fiscalía General de la Nación adelanta una inspección en la sede de la Colombia Humana orientada a la verificación de los estados financieros correspondientes a la campaña presidencial de 2022 del presidente Gustavo Petro, en la que también figura como investigado su gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán.
En la diligencia, el ente investigador busca determinar si existió financiación ilícita o violación de los topes electorales, en el marco de una indagación que coincide con una decisión clave del Consejo Nacional Electoral (CNE) programada para el 13 de noviembre de 2025.
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La inspección ordenada por la Fiscalía se concentra en la sede del movimiento político fundado por Gustavo Petro. La diligencia se orienta a revisar la documentación contable, los estados financieros y la relación de esos registros con los gastos declarados en la campaña presidencial.
Según informes públicos, la campaña habría reportado gastos por valores que superan los ingresos declarados, lo que motivó la apertura de investigación ante el CNE. Por ejemplo, un análisis de los reportes ante este organismo indica que en la primera vuelta la campaña declaró ingresos de $19.477 millones mientras los gastos reportados ascendieron a $28.384 millones.
El papel de Colombia Humana en el caso
Según los documentos en poder del Consejo Nacional Electoral, el movimiento político Colombia Humana figura entre los responsables financieros de la campaña, razón por la cual se investiga si tuvo participación directa en la administración de los recursos o en la recepción de aportes que no habrían sido declarados oficialmente.
Aunque la colectividad solicitó al CNE aplicar la figura de caducidad en el proceso, argumentando que se habrían vencido los plazos legales para sancionar presuntas irregularidades, el organismo electoral continuó con la investigación al considerar que los hallazgos sobre posibles topes superados y aportes de origen no permitido requerían una revisión de fondo.
De acuerdo con información revelada, Colombia Humana reportó una donación de 500 millones de pesos proveniente del sindicato Fecode, cuyos recursos están siendo examinados por las autoridades para determinar si fueron utilizados en actividades partidarias o en gastos de campaña. Estos movimientos financieros, junto con las diferencias detectadas entre ingresos y egresos, llevaron a incluir al movimiento en la ponencia que será discutida por la sala plena del CNE el 13 de noviembre, en la cual también se contemplan sanciones contra la Unión Patriótica y los responsables administrativos de la campaña presidencial.
Además, documentos de soporte dentro del expediente señalan que Colombia Humana presentó reportes de ingresos y egresos consolidados en el aplicativo Cuentas Claras, en los que figuran aportes de organizaciones sindicales y contribuciones de personas naturales. El CNE analiza si dichos recursos fueron canalizados conforme a las normas que regulan la financiación de campañas y si se cumplió con los mecanismos de control y auditoría interna exigidos a los partidos políticos.
Dentro de la revisión, también se busca establecer si hubo coordinación entre los comités financieros de la colectividad y el equipo contable de la campaña, lo que podría determinar el grado de responsabilidad del movimiento en el manejo de los fondos. De confirmarse irregularidades, el CNE podría imponer sanciones económicas o incluso ordenar la suspensión de la personería jurídica del partido, conforme a lo previsto en la ley.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación continuará con la verificación paralela de los documentos contables y testimonios para establecer si los hallazgos del CNE tienen implicaciones penales, relacionadas con presunta financiación con recursos de origen prohibido o con el incumplimiento de los topes fijados por la autoridad electoral.
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