El Consejo Nacional Electoral (CNE) alista una decisión clave dentro de la investigación que adelanta por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La sala plena del organismo discutirá la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes concluyeron que la campaña superó los topes de gasto y recibió aportes de origen no permitido.
El proceso, que lleva más de dos años en curso, tiene entre los señalados al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, así como a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y a la auditora María Lucy Soto. También están vinculados los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, cuyas personerías podrían verse afectadas dependiendo del resultado de la votación.
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Tras agotar las etapas procesales y la rotación de la ponencia entre los despachos de los magistrados, la sala plena del CNE fijó el próximo 13 de noviembre como la fecha en que se tomará una decisión definitiva sobre si la campaña y las personas vinculadas deben ser sancionadas o no.
Ese día se someterá a votación el documento elaborado por los magistrados Prada (del Centro Democrático) y Ortiz (del Partido Liberal), en el que se plantean las posibles sanciones por violación de topes de financiación y recepción de recursos irregulares.
La investigación tomó fuerza luego de que se resolvieran varias recusaciones presentadas contra el magistrado Prada, cuestionado por sus pronunciamientos críticos hacia el Gobierno y por publicaciones en redes sociales. Las recusaciones fueron rechazadas, lo que permitió continuar con la revisión de la ponencia; y posteriormente, el expediente fue enviado en rotación durante dos semanas a los demás magistrados para su estudio, con lo que se cerró la etapa de análisis previo.
Uno de los puntos que sustentan la ponencia es un antecedente señalado por la Corte Suprema de Justicia, que determinó que la campaña presidencial de Petro habría omitido reportar la totalidad de sus gastos para no superar los topes permitidos. Entre los casos revisados está el contrato de transporte suscrito con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), señalado como ejemplo de un gasto no reportado en su totalidad ante las autoridades electorales.
Votación y correlación de fuerzas en el CNE
En el CNE, conformado por nueve magistrados, se anticipa una votación dividida. Según recuentos preliminares, la ponencia tendría cuatro votos a favor: los de Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez (Partido de la U) y Alfonso Campo (Partido Conservador). En contra se proyectan los votos de las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, cercanas al Pacto Histórico. Sin embargo, la decisión final podría requerir la intervención de conjueces en caso de empate o falta de mayoría.
El desarrollo de este caso también ha generado controversias sobre el alcance del CNE en la imposición de sanciones. En agosto, el Consejo de Estado ratificó que el organismo electoral sí tiene competencia para investigar presuntas violaciones de topes de financiación, aunque precisó que solo el Congreso de la República puede sancionar al presidente en ejercicio, por medio de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Poco después, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el proceso contra Petro, al considerar que podría afectar su fuero presidencial, aunque esta medida no impidió que el CNE avanzara en la revisión de la ponencia.
En todo caso, la decisión que se adoptará el 13 de noviembre marcará el cierre de una de las investigaciones más relevantes sobre financiación electoral en los últimos años. De aprobarse la ponencia, el organismo deberá determinar las sanciones correspondientes y remitir copias a otras instancias. En caso contrario, el expediente podría archivarse o pasar a manos de conjueces para una nueva evaluación.
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