El reciente desmantelamiento de tres estructuras criminales en Cúcuta y Villa del Rosario significó un avance relevante en la lucha contra la extorsión, el narcotráfico y el hurto en el área metropolitana de Norte de Santander.
En el desarrollo de un operativo coordinado, las autoridades lograron la captura de 47 presuntos integrantes de bandas que, durante meses, mantuvieron en vilo a la comunidad mediante amenazas, extorsiones y el tráfico de estupefacientes.
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Las investigaciones permitieron identificar el modus operandi de estos grupos, que recurrían a empresas de giros y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para enviar mensajes extorsivos.
En estos textos, los delincuentes incluían información personal y familiar de las víctimas, con el objetivo de infundir temor y exigir sumas que, en algunos casos, llegaban a $2.500 millones.
Para reforzar la intimidación, los extorsionadores se hacían pasar por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), utilizando panfletos con logos falsos de este grupo armado.
Durante los procedimientos, los agentes incautaron una motocicleta, dos armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y más de 500 gramos de estupefacientes, elementos que serán fundamentales para los procesos judiciales en curso.
Entre los detenidos se encuentran Jorge González, señalado como líder de un outsourcing criminal al servicio de alias Boyaco; Brayan Nicolás Villamizar Herrera, alias Joshua y presunto integrante de la estructura Los Turcos, que ya cumplía detención domiciliaria; y Anderson Enrique Peña Jiménez, vinculado a actividades de microtráfico y hurto en el barrio Sevilla.
De forma paralela, patrullas de la Estación de Policía Belén capturaron a José Angarita y Jhon Casadiegos, alias Huevito, sorprendidos en flagrancia durante un robo en el barrio 7 de Agosto. A estos individuos se les decomisó un revólver con munición y una motocicleta, presuntamente utilizada para huir tras los asaltos.
Las autoridades confirmaron la desarticulación de las estructuras Familia P, Los de Boyaco y Los Turcos, organizaciones que controlaban rentas ilegales en distintos sectores del área metropolitana y mantenían conexiones con redes de tráfico de estupefacientes en la frontera con Venezuela.
Este operativo fue calificado como uno de los golpes más importantes de los últimos meses contra el crimen organizado en Norte de Santander.
También cayeron Los Rodríguez
A las anteriores acciones se suma el reciente operativo en el municipio de El Zulia y el barrio Paz y Progreso, que culminó con la detención de José Darío Rodríguez, alias Corozo, y Wilson Cuero Rodríguez, alias Bravo, señalados como presuntos responsables de una red de extorsión agravada que afectaba a empresarios y palmicultores de la región.
La acción fue ejecutada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), tras la emisión de órdenes judiciales.
Las investigaciones apuntan a que ambos detenidos formarían parte de una estructura criminal dedicada a intimidar a sus víctimas mediante amenazas de muerte.
La estrategia de intimidación se reforzaba con la distribución de panfletos extorsivos, en los que advertían represalias contra quienes se negaran a entregar el dinero exigido.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una motocicleta y dos teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis por parte de peritos judiciales para esclarecer el alcance de las actividades ilícitas y determinar posibles conexiones con otros integrantes de la red de extorsión.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, destacó la importancia de este resultado operativo al afirmar: “Con este resultado operativo seguimos golpeando a las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo e intimidar a nuestros empresarios y trabajadores del campo. Cada captura representa un paso firme hacia la seguridad y la tranquilidad de todos los cucuteños”.
La Policía reiteró su compromiso en la lucha contra la extorsión y recordó a la ciudadanía la disponibilidad de la línea gratuita 165, que ofrece atención permanente y absoluta reserva para denunciar cualquier caso de amenaza o exigencia económica.
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