
Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la sesión del martes 28 de octubre de 2025 de la Comisión Séptima del Senado, en la que se aprobó la postergación del tercer debate de la reforma a la salud, hasta tanto no se tenga clara su financiación, han generado una fuerte reacción en el Congreso. Y todo por los fuertes señalamientos del jefe de la cartera, que insinuó una aparente extorsión a cambio de darle vía libre al proyecto.
Durante la sesión, Jaramillo se despachó contra los integrantes de la referida comisión, por sus objeciones al proyecto. “Piden plata para sus hospitales, controlan sus hospitales, los utilizan como directorios políticos, ¿no es cierto? Manejan la salud desde hace décadas en los departamentos. Y aquí entonces se vienen a aparecer en otra forma. No, aquí no hay...”, se le escuchó al funcionario, uno de los más radicales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Tras estas afirmaciones, el senador Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, presentó un derecho de petición parlamentario dirigido al ministro, en el que solicitó aclaraciones sobre las afirmaciones en las que, según el congresista, se habría acusado a congresistas de extorsionar al Gobierno; señalamientos que pondrían en riesgo la integridad y honorabilidad de los miembros del órgano legislativo, que deben darle trámite al proyecto del Ejecutivo.
Los argumentos del senador Henríquez para exigir respuestas del ministro de Salud
En su comunicación, Henríquez exigió respuestas precisas sobre a quiénes se refería el ministro y cuáles serían los hospitales supuestamente controlados por legisladores. Y, sustentado en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, planteó tres interrogantes concretos al ministro, en los que pidió que se entregue información detallada sobre los presuntos vínculos entre congresistas y la administración de hospitales, así como sobre los recursos públicos asignados.

En primer lugar, Henríquez Pinedo solicitó: “Sírvase indicar a qué congresistas se refiere en la anterior aseveración por usted hecha”. Además, requirió que se especifique “cuáles son los hospitales controlados por los Congresistas a que usted se refiere”, y, del mismo modo, que se informe sobre “los montos desembolsados para los hospitales controlados por Congresistas que usted señala”; con el fin de darle trámite a estos duros señalamientos en contra de la corporación.
Cabe destacar que, con una votación de siete a seis, la discusión en tercer debate de la iniciativa se suspendió, hasta tanto no se demuestre que tiene aval fiscal para su implementación, pues lo que se conoce es que la reforma a la salud dependería del éxito de la llamada ley de financiamiento, o más conocida como la reforma tributaria 3.0. De esta forma, la proposición de la senadora Nadia Blel, que hace parte del bloque opositor, tuvo éxito en la citada comisión.

“Vengo diciendo, desde hace más de cinco meses, que la Comisión Séptima del Senado le está mamando gallo ala reforma a la salud. El amarrar la reforma a la ley de financiamiento es una burla a la salud de los colombianos. Y después dicen que no se justifica una Constituyente”, dijo en medio de esta controversia el ministro del Interior, Armando Benedetti, que acusó a los miembros de la corporación de burlarse de las urgencias del país.
Por su parte, Blel fue enfática, pues evidenció cómo mientras el Gobierno insiste -a su juicio- en aprobar a las carreras una reforma sin recursos, los miembros del órgano legislativo han elegido, según la congresista, la responsabilidad. “La Comisión Séptima aplazó la discusión de reforma a la salud porque NO se puede legislar sobre la vida de los colombianos sin cifras ciertas y verificadas”, remarcó la congresista, presidenta del partido Conservador.
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