La revelación de una orden explícita para matar civiles ucranianos, incluidos mujeres y niños, atribuida a mercenarios colombianos bajo mando ruso, ha intensificado la preocupación internacional sobre la participación de extranjeros en el conflicto de Ucrania.
De acuerdo con la Inteligencia Militar de Ucrania (GUR), una interceptación de radio permitió registrar cómo un comandante de campo, hablando en español, instruía a sus subordinados a eliminar a toda persona considerada enemiga, sin distinción de edad o género, especialmente en condiciones de baja visibilidad.
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En la grabación, se escucha la orden: “Cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, llovizna, para que no los identifiquen, eliminar todas las personas que sean enemigas: en moto, en bicicleta, mujeres y niños, mujeres y niños”, según la información difundida por la GUR.
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania sostiene que el asesinato de civiles constituye una práctica habitual, promovida de manera sistemática por los mandos rusos. Como respaldo a esta acusación, la inteligencia ucraniana reportó el fusilamiento de civiles en las inmediaciones de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.
La orden interceptada, según la inteligencia estaba dirigida a mercenarios integrados en la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros, unidad que forma parte del 2º ejército combinado del distrito militar central de la Federación Rusa.
De acuerdo con información suministrada por Caracol Radio, en un comunicado oficial, la inteligencia ucraniana advirtió que “por cada crimen de guerra cometido contra el pueblo ucraniano habrá una justa retribución” y subrayó que Rusia está implicando a combatientes extranjeros en delitos contra la población civil.
Esta denuncia se suma a un contexto en el que tanto Kiev como Moscú han señalado la presencia de numerosos extranjeros en ambos bandos, con especial énfasis en ciudadanos colombianos, quienes en su mayoría son exmilitares o expolicías.
La controversia sobre la participación de colombianos en el conflicto no se limita al bando ruso. A comienzos de mes, la Embajada rusa en Bogotá emitió un llamado dirigido a exsoldados colombianos para que cesen su incorporación a las filas ucranianas.
Lamentamos que el número de los colombianos que creen en las falsas promesas de los reclutadores ucranianos siga siendo bastante alto”, manifestó la representación diplomática rusa en Colombia.
Regulación de reclutamiento y financiamiento de mercenarios colombianos
Un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Defensa y congresistas busca frenar el reclutamiento y financiamiento de mercenarios colombianos en conflictos internacionales, una problemática que ha involucrado a al menos 800 nacionales entre 2020 y 2025, aunque estimaciones oficiales elevan la cifra a más de 3.000 casos.
La iniciativa, que será debatida en el Congreso de la República, propone que Colombia ratifique la convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989. De aprobarse, el país se sumaría a los 41 Estados que ya han ratificado este instrumento, reforzando su marco legal y la cooperación internacional para combatir el mercenarismo.
El texto del proyecto define el concepto de “mercenario” a partir de seis criterios acumulativos, diseñados para evitar la criminalización de actividades legales o de personas engañadas mediante ofertas fraudulentas. Además, establece que el Estado deberá adaptar su código penal para tipificar como delitos el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, incluyendo la tentativa y la complicidad, pero excluye de responsabilidad penal a quienes hayan sido víctimas de engaño o trata de personas.
Entre las obligaciones estatales, se exige tipificar estas conductas en la legislación nacional, establecer jurisdicción para juzgar a infractores y adoptar medidas preventivas que respeten estándares internacionales y protejan a los connacionales involucrados. El proyecto también aclara que no se verán afectadas las actividades legales de empresas de vigilancia y seguridad privada.
Uno de los argumentos centrales presentados ante el Congreso es la necesidad de proteger la imagen de las Fuerzas Militares y debilitar las redes criminales que explotan a ciudadanos en el exterior.
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