Agentes de la Sijín de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía irrumpieron en la madrugada del miércoles 22 de octubre en una exclusiva vivienda ubicada en Llanogrande, Rionegro.
El objetivo era ejecutar una orden judicial de captura contra Miguel Ángel Salazar Arenas, un adolescente de 17 años, señalado por las autoridades como responsable intelectual del asesinato de su tía, la periodista María Victoria Correa Ramírez.
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Junto a ella, también murió su abuela, María Norelia, y resultó herida Bertha Luz, otra de sus tías, durante un ataque en la panadería Pecositas de Envigado.
La aprehensión de Salazar Arenas se llevó a cabo en presencia de su madre, que fue testigo de la notificación oficial. El menor será procesado bajo la ley de infancia y adolescencia, lo que implica diferencias sustanciales respecto a los procedimientos penales para adultos.
El procedimiento fue confirmado por voceros de la Fiscalía, que detallaron los cargos: homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, además de tentativa de homicidio.
El crimen en Envigado: una herencia en disputa
La investigación reconstruyó cómo el 28 de marzo, durante la celebración del cumpleaños número 17 de Miguel Ángel, familiares se reunieron en la panadería ubicada en la avenida El Poblado, en Envigado. El adolescente se sentó en el fondo, mientras sus tías y abuela tomaron lugar cerca de la entrada.
En ese escenario, dos sicarios —Deiby Yulián Posso Pretel (alias Cali) y Yuván Daniel Arenas Gómez (alias El Mello)— ingresaron. El primero portaba una maleta de domiciliario y pretendió disparar a María Victoria; el arma falló y fue su compañero el que efectuó los disparos.
“El Mello” asesinó a la periodista y a la abuela con disparos en la cabeza y lesionó a Bertha Luz en cuello y pierna. A Miguel Ángel, el agresor no lo apuntó ni le disparó, un hecho que, de acuerdo con la Fiscalía, se convirtió en clave para el desarrollo de la investigación.
Bertha Luz recibió atención en la Clínica Las Américas del Sur, donde logró recuperarse, mientras que la reacción de las autoridades se centró en rastrear la autoría intelectual, definida por la participación previa y el posible móvil económico.
Presuntamente, la motivación detrás del crimen sería una herencia estimada en $3.000 millones, compuesta por propiedades, negocios y cuentas.
Testimonios y detenciones previas
El esclarecimiento del caso se aceleró con la captura de los ejecutores materiales en diferentes regiones: tanto “Cali” como “El Mello” fueron detenidos en Cali (Valle del Cauca), mientras que Juan Camilo Carvajal Burbano (alias Gafas) fue localizado en Prado (Tolima) en mayo.
Los tres aceptaron los cargos y aportaron información sobre la planificación del crimen, lo que permitió, según explicó el juez Primero Penal de Envigado, avanzar hacia la identificación de los autores intelectuales.
El tribunal condenó a los implicados materiales a 17 años y seis meses de prisión. Esta sentencia reflejó un preacuerdo en el que los condenados suministraron detalles sobre la raíz familiar del conflicto.
Investigadores judiciales consideran que el menor capturado planeó su propio cumpleaños con las víctimas como estrategia para facilitar el ataque.
Proceso judicial y dudas sobre la herencia
En lo inmediato, Miguel Ángel Salazar Arenas será presentado ante un juez de control de garantías.
De acuerdo con el abogado penalista Iván Durango, citado por El Colombiano, “cuando los menores tienen entre 16 y menos de 18 años y resultan responsables del delito de homicidio doloso, no obtienen beneficio alguno. Deben cumplir la sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios en cuanto a la redención de penas”.
La ley colombiana prevé que en estos casos el procesado menor de edad podría ser internado en un Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Menores, en vez de una cárcel convencional.
La situación legal del adolescente mantiene en suspenso la distribución de la polémica herencia. El abogado Durango explicó que si Miguel Ángel fuera declarado culpable y, pese a ello, resultara como único heredero, “otros familiares podrían demandar la decisión por vía civil para solicitar el desheredamiento”.
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