Las cárceles del país, pese a que son lugares de reclusión de personas que cometieron algún tipo de delito, no son ajenas a la comisión de nuevos ilícitos que perturban la tranquilidad de los ciudadanos que gozan de la libertad. Para las autoridades es bien conocido que dentro de estas se han adecuado espacios dedicados a la extorsión a través de llamadas telefónicas.
Una de las cárceles de las que salían este tipo de comunicaciones era la cárcel de Media Seguridad ubicada en el municipio de Ipiales, Nariño, al suroccidente del país. Hasta este centro penitenciario llegaron las autoridades para adelantar un operativo las redes de extorsión que operaban clandestinamente en este lugar.
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La operación se realizó de manera coordinada entre el Gaula Militar, el Ejército Nacional, el Departamento de Policía de Nariño y la Fiscalía General de la Nación. Por medio de estas acciones, las autoridades dieron un duro golpe a las estructuras delincuenciales que operan dentro y fuera de los centros carcelarios a través de la extorsión contra los colombianos.
Durante la diligencia se logró la incautación de 15 celulares, 10 armas cortopunzantes, 200 gramos de estupefacientes, así como accesorios y demás elementos para el uso de equipos móviles. Para los uniformados, dichos elementos eran utilizados por los privados de la libertad para realizar llamadas con fines extorsivos a la población civil.
De acuerdo con la versión oficial, en las llamadas, los reclusos de la cárcel de Ipiales, bajo amenazas e intimidaciones, le exigían a los ciudadanos importantes sumas de dinero para no atentar contra su integridad o la de sus familiares.
En este sentido, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con el despliegue de operaciones coordinadas entre la fuerza pública y diferentes organismos estatales que, no solo permiten preservar la tranquilidad de los habitantes de esa región del país, sino de todos los colombianos que diariamente eran extorsionados a través de este medio.
No obstante, la extorsión desde los centros penitenciarios del país continúa escalando como uno de los delitos más preocupantes para la seguridad nacional. Según la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, entre 2020 y 2024 este crimen aumentó más del 20 %, con mayores incidencias en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.
En este sentido, las autoridades calculan que las redes carcelarias pueden mover hasta $200.000 millones al año, ejecutando más de 250 llamadas extorsivas al día desde un solo teléfono dentro de prisión. Esta dinámica se sostiene por el acceso ilegal a celulares, el deterioro de inhibidores de señal y la participación de funcionarios corruptos.
Dada la escalada de este delito que pone en juego el poder del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dentro de los penales, la fuerza pública intensifica los operativos de este tipo contra los centros de llamadas clandestinos que operan dentro de esto.
Las acciones de las autoridades se han centrado en las cárceles de Valledupar, La Dorada, Ibagué y Cómbita, donde se identificaron los principales focos para la comisión de este tipo de delito.
Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde en agosto de 2025, las autoridades ubicaron un “call center” criminal con más de 105 celulares y directorios con información de 10.000 víctimas potenciales. En este lugar, los internos que realizaban las llamadas se hacían pasar por integrantes de grupos armados al margen de la ley para exigir grandes sumas de dinero a sus víctimas.
Ante esta realidad, las autoridades han desarrollado estrategias conjuntas entre el Inpec, el Gaula, la Fiscalía y el Ministerio TIC dentro del plan “Operación Dominó”, orientado a bloquear las comunicaciones ilícitas y desmantelar las redes internas. Sin embargo, la Procuraduría ha advertido que muchos inhibidores de señal permanecen fuera de servicio, lo que facilita el accionar de las bandas criminales.
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