Destapan presunta maquinaria electoral liderada por el gobernador de Nariño para favorecer a candidata del Pacto Histórico

La controversia en torno a la Gobernación de Nariño y su presunta injerencia en el proceso electoral de 2026 escaló tras la revelación de una posible inhabilidad que afectaría la precandidatura de Rosaurina “Rosita” Guevara.

Un ciudadano solicitó al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscripción de Guevara, argumentando que el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido al que pertenece, no participa en la consulta interpartidista del Pacto Histórico. De confirmarse esta situación, la inscripción de la diputada podría considerarse irregular, lo que añade un elemento de incertidumbre al panorama político departamental.

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Las denuncias sobre el presunto favorecimiento a la precandidata no se limitan al ámbito legal. Diversas fuentes políticas y comunitarias de Nariño señalaron la existencia de una operación coordinada desde la administración departamental, encabezada por Luis Alfonso Escobar, con el objetivo de impulsar la campaña de Guevara.

Por su parte, los demandantes sostienen que la estrategia se basa en la celebración masiva de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal, aprovechando la ausencia de restricciones de la Ley de Garantías Electorales vigente. Estos acuerdos, formalizados supuestamente para el mantenimiento de vías terciarias, habrían servido para canalizar recursos públicos y respaldos políticos hacia la aspiración de la diputada.

De acuerdo con los registros de contratación revisados por los denunciantes, entre junio y octubre de 2025 se habrían suscrito más de 80 convenios de este tipo en diferentes zonas del departamento. Los críticos advierten que este mecanismo permitiría una inyección directa de dinero público en comunidades rurales, lo que generaría dependencia política y lealtad hacia el proyecto electoral de Guevara. “El esquema permitiría una inyección directa de dinero público en comunidades rurales, generando dependencia política y lealtad hacia el proyecto electoral de la diputada”, sostienen los opositores.

A las acusaciones sobre el uso de recursos públicos se suma la denuncia de una supuesta presión ejercida desde la Gobernación sobre varios alcaldes municipales. La aprobación y priorización de proyectos estaría supeditada al respaldo político a la precandidata del Pacto Histórico. Algunos mandatarios locales, bajo reserva, habrían manifestado que se les exige alinearse con la campaña de Guevara para acceder a recursos o mantener la agilidad administrativa de sus gestiones.

“Se les exige alinearse con la campaña de Guevara para acceder a recursos o mantener la agilidad administrativa de sus gestiones”, relataron de manera confidencial reveló el medio Página 10.

En efecto atribuyen la supuesta operación a una alianza entre el gobernador Escobar y la diputada Guevara. Según las denuncias, “el mandatario facilitaría los recursos y la logística, mientras la diputada habría garantizado apoyo político en la Asamblea departamental”.

Frente a este escenario, distintos sectores solicitaron la intervención de los órganos de control para determinar si existen irregularidades en la contratación pública o en el uso de la estructura estatal con fines proselitistas. Hasta la fecha, ni el gobernador Luis Alfonso Escobar ni la diputada Rosaurina Guevara han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.

Mientras se esclarecen los hechos, el gobernador de Nariño fue protagonista de una discusión con la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien lo señaló de sabotear un evento en Pasto que buscaba explicar a fondo la ley animalista en Colombia.

“Nos quería sabotear el evento la Gobernación de Nariño, espero que este acto infame de esa politiquería tradicional sea castigado”, manifestó la congresista en una de las calles de la capital de Nariño.

En respuesta, Escobar señaló en un comunicado de prensa que “como gobernador del Departamento solicité que se impidiera el alquiler de un salón solicitado por la senadora Andrea Padilla para que fuera cubierto con recursos de la Gobernación de Nariño, con destino a la realización de un evento que debía asumirse con la responsabilidad integral de quienes promueven este tipo de ejercicios, independientemente de la pertinencia del asunto a tratar”.