Habitantes de Calamar afirma que tras ataques explosivos y presencia de grupos armados “uno ya no sabe quién es quién”

El municipio de Calamar, en el departamento colombiano de Guaviare, fue escenario de un ataque coordinado al amanecer del martes 14 de octubre, cuando explosivos y drones impactaron tres puntos clave: la residencia del alcalde Farid Camilo Castaño, la estación de Policía y una base del Ejército Nacional.

Las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, ejecutaron la ofensiva con una precisión que sumió a la población en el pánico y dejó varios heridos, según reconstruyó Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Testigos relataron a Semana que las explosiones simultáneas rompieron ventanas, levantaron nubes de polvo y desataron una estampida de personas que buscaban refugio mientras los drones sobrevolaban el casco urbano y lanzaban artefactos improvisados.

“Parecía una película, pero era la realidad”, expresaron algunos habitantes al medio.

Una residente, que prefirió mantener el anonimato, describió cómo el miedo ha silenciado a la comunidad: “Yo estaba en casa porque teletrabajo, cuando se empezaron a escuchar detonaciones muy fuertes, pero uno no sale a mirar porque esto está complicado con esos grupos que ya uno no sabe quién es quién”.

La mujer, víctima de la violencia en el pasado, subrayó que nadie se atreve a hablar por temor a represalias, ya que no se sabe quiénes integran las redes de apoyo de los grupos armados.

Las calles permanecen vacías y la población evita salir salvo por necesidad, según el mismo habitante, en diálogos con el medio mencionado, “Uno que vive acá en Calamar pasa es encerrado y sale a lo estrictamente necesario. Ya de noche la gente es poca, porque nadie quiere quedar en medio de una balacera o, peor, de los explosivos”.

El temor se intensificó tras conocerse que la casa del alcalde fue uno de los blancos. Farid Camilo Castaño revivió con angustia los momentos en que su familia estuvo en peligro:

“Habíamos advertido que éramos objeto de amenazas y de diferentes extorsiones; y, en este caso, lastimosamente, todo terminó con el atentado contra mi casa. Casi asesinan a mi madre, casi asesinan a mi hermano. Lamentablemente, hirieron a la señora que me colabora en el hogar; sufrió una fractura en el pie a causa de los explosivos. Mataron a mi mascota y hoy, tristemente, estamos completamente desprotegidos frente a estos grupos al margen de la ley”, narró el mandatario local.

La reacción de las autoridades y la Fuerza Pública fue inmediata, aunque el sentimiento de vulnerabilidad persiste.

Dentro del Batallón de Selva No. 24 General Camacho Leyva, los soldados también enfrentaron momentos de pánico. Un joven militar relató que, pese a los protocolos y entrenamientos, el miedo fue inevitable: “Estábamos acá en la unidad cuando se vio sobrevolar el primer dron y lanzó el explosivo. Eso se escuchó muy duro y todos empezamos a correr y a colocarnos en posición, porque hay unos protocolos y entrenamientos que nos dan para esta situación”.

Aunque la mayoría de los uniformados resultó ilesos, uno de ellos sufrió lesiones y recibió atención médica. El soldado explicó que los grupos armados ilegales dominan el terreno y que los recursos para enfrentar la amenaza son limitados: “Acá todo es complejo porque ellos tienen mucha experiencia en el territorio, pero se hace lo que se puede con lo poco que nos dan”.

El alcalde Castaño, en medio del caos, hizo un llamado a la comunidad para resistir y no ceder ante la violencia. Además, denunció el abandono estatal y la lentitud de la Unidad Nacional de Protección (UNP): “

Nosotros, como mandatarios, ni siquiera tenemos la capacidad de garantizar nuestra propia seguridad. La UNP va a paso de tortuga: cada vez que citan a un comité, se demoran dos, tres o hasta cuatro meses. No hay decisiones, no hay acción. Hoy lo que pedimos, además de seguridad para los mandatarios, son acciones concretas del Gobierno para el departamento”, reclamó en diálogos con el medio ya citado.

El mandatario también advirtió que comerciantes, campesinos y ganaderos sufren extorsiones constantes por parte de diferentes grupos armados, lo que agrava la sensación de desprotección.

Las autoridades atribuyeron el atentado a la Estructura Primera Armando Ríos, una columna de las disidencias de las Farc liderada por Diego Horacio Tarache, alias Korea o Kin Yun, bajo la dirección de Iván Mordisco.

Esta estructura cuenta con al menos 244 integrantes y opera entre las selvas y zonas urbanas del Guaviare, financiada por redes de apoyo, extorsión y narcotráfico.

En la cadena de mando figuran también alias Gerson Ramírez como segundo cabecilla; Wainer Javier Valencia Malava, alias Cuadrado, responsable de la parte ideológica y financiera; Lina Moreno, alias Yésica la Morocha, jefa de la cuarta comisión; William Suárez Cruz, alias Arbey o el Indio, encargado de la quinta comisión; y alias Johana Ríos o la Makusa, responsable del centro de entrenamiento ilegal en la zona selvática.

El contexto de violencia en Calamar no es nuevo. Además de las disidencias de Iván Mordisco, en la región actúan otros grupos como los liderados por alias Calarcá, que se disputan el control de las rentas del narcotráfico, las extorsiones y otras economías ilegales.

Esta confrontación mantiene a la población en constante zozobra. Los habitantes recuerdan que hace pocos meses asesinaron a miembros de la comunidad bajo engaños y que la presencia de explosivos en el casco urbano revive el terror de décadas pasadas. “Esto parece de los años noventa, cuando el terrorismo reinaba en el país”, relató una residente a Semana.

En medio de la incertidumbre, la comunidad de Calamar insiste en que la presencia y acción efectiva del Estado es indispensable para frenar la violencia y recuperar la seguridad en la región.