
Los colombianos quedaron entre las diez nacionalidades que más green cards en Estados Unidos durante el año fiscal 2025, con 31.210 residencias permanentes legales, en un período que todavía combinó los últimos meses del gobierno de Joe Biden con el arranque de la segunda administración de Donald Trump y que, por eso, antecede al endurecimiento migratorio cuya magnitud recién podrá medirse en las estadísticas de 2026.
Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), en ese año fiscal 1.320.080 personas obtuvieron la residencia permanente legal. Colombia ocupó el noveno lugar mundial, apenas por encima de Vietnam, que registró 31.080 casos.
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De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del DHS, el año fiscal 2025 abarcó del 1.° de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. El organismo aclaró que todas las cifras fueron redondeadas a la decena más cercana para proteger la privacidad de los beneficiarios.
México encabezó la lista con 195.760 beneficiarios, seguido por Cuba con 84.820, China con 65.670, India con 62.730, República Dominicana con 60.700, Filipinas con 58.620, Afganistán con 47.760 y El Salvador con 33.950. Detrás de Colombia quedó Vietnam con 31.080.
La reunificación familiar concentró más de la mitad de las residencias

El informe del DHS remarcó que la vía principal para obtener una green card siguió siendo la inmigración basada en la familia. La categoría más numerosa fue la de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses: cónyuges, padres e hijos menores de 21 años, con 684.530 residencias concedidas.
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Después aparecieron las preferencias familiares, que incluyen hijos adultos, hermanos de ciudadanos y algunos familiares de residentes permanentes, con 196.740 casos. Las residencias por empleo sumaron 159.070.
El reporte también registró 116.470 refugiados que ajustaron su estatus y 60.390 personas con asilo. La lotería de visas de diversidad aportó 52.470 residencias.
A esa lista se agregaron 29.410 iraquíes y afganos que trabajaron para el gobierno estadounidense y sus familias, 15.030 víctimas de delitos y sus familiares, y 3.870 cancelaciones de deportación ordenadas por jueces migratorios. Ese reparto confirma que la base familiar siguió muy por delante del resto de las categorías.
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Las restricciones de Trump todavía no quedaron reflejadas por completo en las cifras
El propio corte temporal del informe ayuda a explicar por qué los datos no describen del todo la situación actual. Muchas de las solicitudes aprobadas en el año fiscal 2025 habían sido presentadas y procesadas antes de la entrada en vigor de varias de las políticas impulsadas por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca.
Cabe aclarar que en 2026, la administración Trump endureció de manera marcada los requisitos para obtener la residencia permanente. Entre las medidas más relevantes figura una nueva guía de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) que amplió el margen de discrecionalidad de los oficiales para aprobar o negar solicitudes de ajuste de estatus, al recordar que la green card es un beneficio discrecional y no un derecho automático.
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El Gobierno estadounidense también impuso un veto migratorio a ciudadanos de 39 países, lo que bloqueó la aprobación de green cards y otros beneficios para sus nacionales. A la vez, suspendió temporalmente el procesamiento consular de solicitudes provenientes de 75 países, una decisión que afectó a miles de personas que tramitaban sus casos desde el exterior, entre ellas numerosos colombianos.
A eso se sumaron nuevas medidas de revisión reforzada, mayores controles de seguridad y políticas que ralentizaron de manera considerable el procesamiento de solicitudes dentro y fuera del país norteamericano.
Dos fallos judiciales ordenaron reactivar trámites migratorios congelados
Parte de esa estrategia encontró límites en los tribunales. Esta semana, un juez federal ordenó a USCIS reanudar el procesamiento de green cards, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios para determinadas categorías de solicitantes al considerar que la agencia excedió su autoridad al congelar los casos.
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Esa decisión se sumó a otro fallo conocido en junio de 2026 que también obligó al gobierno a reactivar el estudio de miles de solicitudes suspendidas. Aunque la administración anunció que apelará ambos fallos, las resoluciones representaron algunos de los principales reveses judiciales para su política de restricción de beneficios migratorios.
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