La Procuraduría General de la Nación puso en marcha una investigación disciplinaria que involucra a un total de 43 altos funcionarios, tanto actuales como pasados, por la presunta omisión en la implementación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (Messep), cuyo objetivo era garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayuu.
La medida, ordenada por la Corte Constitucional en 2022, buscaba superar el denominado estado inconstitucional de las cosas y asegurar el acceso de la población beneficiaria a servicios esenciales como el agua, la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.
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El Ministerio Público subrayó que, aparentemente, la orden judicial no fue ejecutada, lo que habría impedido que la comunidad wayúu accediera a los derechos básicos reconocidos por la Constitución.
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Cinco años después del fallo del Alto Tribunal, el ente de control en cabeza de Gregorio Eljach concluyó que no se han reportado avances significativos en el cumplimiento de la sentencia, lo que motivó la apertura del expediente disciplinario.
La lista de investigados abarca a:
- Cinco (5) exconsejeros presidenciales.
- Tres (3) ministros de Salud.
- Cuatro (4) ministros de Vivienda.
- Dos (2) ministros de Medio Ambiente
- Cuatro (4) ministros de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Cuatro (4) exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
- Tres (3) exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
- Cuatro (4) directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
- Tres (3) superintendentes nacionales de Salud.
- Tres (3) gobernadores de La Guajira.
- Dos (2) alcaldes de Maicao.
- Dos (2) alcaldes de Manaure.
- Dos (2) alcaldes de Riohacha.
- Dos (2) alcaldes de Uribia.
Los funcionarios señalados han ocupado cargos en las entidades responsables desde la fecha del fallo hasta la actualidad.
Los funcionarios y exfuncionarios involucrados de los gobiernos Petro y Duque
Entre los nombres que figuran en la investigación de la Sala Disciplinaria de Instrucción, citados por El Tiempo, destacan miembros actuales del Ejecutivo, como los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo y Martha Carvajalino, la embajadora Laura Sarabia, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y la directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.
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El expediente también incluye a exfuncionarios que formaron parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Luis Carlos Leal y Javier Pava. Además, aparecen perfiles que han sido objeto de controversia por su vinculación con casos de corrupción en la Ungrd, entre ellos Olmedo López, Luis Fernando Velasco y Sandra Ortiz.
En cuanto a exfuncionarios de la administración del expresidente Iván Duque, según recogió El Tiempo, la investigación alcanza a los exministros Fernando Ruiz, Jonathan Malagón, Susana Correa, Rodolfo Zea y Carlos Eduardo Correa, así como a exdirectivos como Lina María Arbeláez.
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La actuación disciplinaria iniciada por el Ministerio Público tiene como propósito establecer si existió o no la conducta omisiva por parte de los funcionarios señalados, para lo cual se ha ordenado la recolección de pruebas. La investigación busca esclarecer las responsabilidades individuales en el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y determinar las eventuales sanciones disciplinarias.
Las advertencias que había hecho la Corte Constitucional
En su más reciente evaluación, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia T-302 de 2017 determinó que, pese a las obligaciones impuestas al Estado colombiano para proteger la vida y los derechos fundamentales de la comunidad wayuu, los progresos alcanzados en materia de seguridad alimentaria resultan insuficientes.
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El tribunal identificó un desequilibrio entre las acciones impulsadas por el Gobierno nacional y los esfuerzos realizados por los municipios, lo que ha impedido una respuesta coordinada y eficaz.
Según el informe presentado en agosto de 2025, hasta esa época no existía un plan integral que trascendiera el modelo de asistencialismo vigente. Además, las inversiones efectuadas hasta esa fecha no habían logrado cubrir las necesidades alimentarias de la niñez en el departamento.
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La Corte Constitucional enfatizó que la ausencia de una estrategia articulada y sostenible mantiene a la población infantil wayuu en una situación de vulnerabilidad, incumpliendo así los mandatos establecidos en la sentencia T-302 de 2017.
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