Archivos de ‘Calarcá’ revelan reclutamiento de menores, masacres y expansión del poder de las disidencias en Colombia

El hallazgo de 89 memorias USB y carpetas con millones de archivos provenientes de los computadores de Alexánder Díaz, conocido como alias Calarcá, ha permitido exponer el reclutamiento forzado de menores, masacres y la expansión del poder de las disidencias armadas en Colombia.

Según El Tiempo, uno de los registros más impactantes muestra a un niño de siete años vestido de camuflado, sosteniendo una pistola nueve milímetros y portando un chaleco de municiones que le llega hasta las rodillas, una imagen que ilustra la crudeza de la realidad en los territorios bajo control de este grupo.

De acuerdo con la información revelada por el medio, la captura de Calarcá y de Édgar de Jesús Orrego, alias Firu, el 23 de julio de 2024, permitió acceder a un volumen inédito de comunicaciones, fotografías y videos. Las evidencias apuntan a ejecuciones por “infidelidad”, control ilegal sobre poblaciones rurales, ingresos millonarios por minería ilícita y la presencia activa de menores en las filas armadas.

El Tiempo señala que estos archivos también contienen referencias a supuestos vínculos con funcionarios estatales, como el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Wílmer Mejía.

Reclutamiento de menores y crímenes de guerra

Según los documentos analizados por el medio, las disidencias al mando de Calarcá han recurrido sistemáticamente al reclutamiento forzado de niños y adolescentes, utilizándolos como combatientes y mensajeros. Los videos y fotografías incautados reflejan la normalización de la presencia de niños en entrenamientos, armados y organizados en fila para recibir instrucciones o alimentos.

Este fenómeno ha sido documentado en zonas como Antioquia y Guaviare, donde las autoridades relacionan a la organización con masacres recientes y desplazamientos masivos.

Entre los hechos más graves atribuidos al grupo, destaca la masacre del 27 de mayo de 2025 en Guaviare, con al menos 50 víctimas, incluidos menores reclutados. La Fiscalía ha solicitado imputar a alias Calarcá por crímenes de guerra cometidos mientras participaba en procesos de diálogo, beneficiándose de garantías jurídicas y evitando su captura. El Tiempo precisa que, pese a la magnitud de los delitos, el cabecilla ha mantenido protección legal derivada de su rol en la fallida política de ‘paz total’.

Expansión territorial y control de economías ilegales

La información extraída de los dispositivos revela una expansión territorial acelerada de las disidencias bajo el mando de Calarcá. A junio de 2026, la organización opera en 11 departamentos y 91 municipios, lo que representa el 34% de los departamentos y el 8% de los municipios de Colombia. Según reportes de inteligencia citados por el diario, la cobertura se extiende sobre 1.789 veredas y 66.032 kilómetros cuadrados, cifras que evidencian el crecimiento de la estructura en los últimos doce meses.

La minería ilícita y la extorsión constituyen las principales fuentes de financiamiento. Los registros de abril de 2024 detallan ingresos superiores a 7.917 millones de pesos, provenientes de impuestos a actividades mineras, aportes de contratistas y la entrega de oro documentada con nombres o alias de los participantes. Los archivos también incluyen instrucciones internas sobre la distribución de recursos y el apoyo económico a familiares de combatientes.

Violencia sistemática y vínculos con funcionarios

Los archivos ponen de manifiesto una estructura interna basada en la disciplina armada y la violencia sistemática. Comunicaciones interceptadas describen la existencia de consejos revolucionarios de guerra, donde se decide la suerte de quienes deserten o infrinjan normas internas. “Quienes incurran en este tipo de conductas son llamados a un consejo revolucionario de guerra y, posteriormente, fusilados”, consta en los documentos obtenidos.

En los audios y mensajes almacenados, aparecen menciones directas a funcionarios públicos. Un informe destaca la supuesta propuesta del general Juan Miguel Huertas para crear una empresa de seguridad privada que serviría como fachada legal para el grupo armado. De acuerdo con el relato, Huertas habría ofrecido gestionar los permisos y facilitar la movilidad de integrantes, en coordinación con el director de la Uiaf, Wílmer Mejía.

El poder de alias Firu y la expansión de la estructura 36

La captura de alias Firu junto a Calarcá permitió identificar a uno de los líderes con mayor influencia en el norte de Antioquia. Según la investigación del medio, Firu escaló posiciones desde 2010 y actualmente es señalado por múltiples delitos, entre ellos el asesinato de miembros de la Fuerza Pública, ataques contra empresas y comunidades, y el reclutamiento de menores. Su designación posterior como gestor de paz ha generado cuestionamientos, dada la gravedad de los crímenes atribuidos a su historial.

El informe de inteligencia indica que la estructura 36, bajo el mando de Firu, controla corredores estratégicos y rutas de economías ilegales en municipios como Amalfi, Anorí, Cáceres, Campamento, Briceño e Ituango. La expansión territorial y la sofisticación de las redes de apoyo han sido documentadas por los organismos de seguridad, que advierten sobre la persistencia de la violencia y las dificultades para desarticular a la organización.

Consecuencias para las comunidades y el proceso de paz

Los datos extraídos de los archivos de Calarcá y sus colaboradores confirman el impacto devastador sobre las comunidades rurales, sometidas a desplazamientos, extorsión y violencia armada. El frente 33 es señalado como responsable del desplazamiento de más de 70.000 personas en el Catatumbo, en medio de enfrentamientos con el ELN y otras disidencias. Episodios recientes, como la masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia, evidencian la continuidad de los hechos violentos.