Debido a los escándalos que se han registrado en los últimos años en Colombia, las licitaciones de contratos públicos en todo el país están en la mira ante la posibilidad de que se registre algún tipo de irregularidad.
Es por ello que se ha generado gran interés en el proceso de adjudicación del contrato de seguridad privada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) en Bogotá, valorado en más de 140.000 millones de pesos, que se encuentra bajo la lupa por la persistente ausencia de pluralidad de oferentes.
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En la previa, La Bolsa Mercantil de Colombia figura como el escenario para la segunda tentativa de adjudicación, en una licitación que mantiene abiertas inquietudes sobre la competencia y la diversidad de participantes.
De acuerdo con la documentación publicada por el Idrd, con este contrato se busca garantizar los servicios de vigilancia y protección en los escenarios recreativos y deportivos bajo su administración.
Sin embargo, fuentes de Infobae Colombia indicaron que se han reportado varios reclamos por parte de empresas interesadas y gremios del sector, que advierten condiciones restrictivas que limitaron la postulación a un solo oferente.
La licitación, abierta por vía de la Bolsa Mercantil de Colombia, repite a la empresa operadora actual como posible único adjudicatario, situación que ha generado debate acerca de las reglas y requisitos contemplados en el proceso.
De acuerdo con la documentación del proceso, uno de los puntos más controvertidos está relacionado con las exigencias técnicas y jurídicas para acreditar la idoneidad de las empresas participantes.
Entre ellas se enumeran el requerimiento de vehículos con especificaciones particulares de servicio público, placa blanca y documentación de soporte, junto con una póliza de responsabilidad civil extracontractual (RCE) con valor asegurado superior a 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, extendida especialmente para amparar hurto calificado, requerimiento que, según algunos actores del sector, sobrepasa los parámetros establecidos en el Decreto 356 de 1994, por lo que estas condiciones han sido objeto de inconformidad, pues restringen la participación de otras compañías.
El proceso se publicó inicialmente en fechas recientes y fue suspendido, aunque esto no importó y el Idrd lo repitió con modificaciones y la emisión de nuevas respuestas a observaciones.
Empresas indican que la falta de pluralidad de oferentes persiste y ha encendido alarmas entre los gremios de la seguridad privada en Colombia, que vienen solicitando revisiones y un mayor control para garantizar estándares de apertura y libre competencia en los procesos realizados a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.
Este contexto coincide con la tendencia de adjudicar grandes contratos públicos sin competencia efectiva, una dinámica que algunos observadores vinculan al incremento de requisitos técnicos o jurídicos poco habituales, dificultando la presentación de varias propuestas.
La fuente del medio indicó que “a pesar de los reclamos de firmas interesadas y gremios del sector de seguridad, solo hay un único oferente habilitado para disputarse el jugoso contrato y de paso repetir como operador de la entidad”. Este señalamiento se sustenta en los listados de empresas que han solicitado aclaraciones y en las comunicaciones oficiales del propio proceso.
Consultados sobre la situación, portavoces empresariales y organizaciones del sector han enfatizado la importancia de que la Bolsa Mercantil de Colombia revisara sus prácticas para estimular la pluralidad y asegurar procesos abiertos, puesto que la reiteración de adjudicaciones por vía de único oferente limita la transparencia y la credibilidad en la contratación estatal de alto valor.
Los denunciantes indicaron que el proceso de adjudicación está previsto para llevarse a cabo el jueves 16 de octubre, mientras que expertos y participantes afirman estar atentos a las explicaciones formales que aporte el Idrd respecto a la selección del proveedor y a la justificación de los requisitos implementados.
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