Una carta firmada por varios senadores encendió el debate político al responder de manera directa a las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, contra el procurador General Gregorio Eljach. El pronunciamiento de los congresistas marca una postura clara frente a la tensión institucional que se agudiza tras el anuncio de una posible denuncia penal contra el jefe del Ministerio Público.
El documento contiene expresiones tajantes en defensa del procurador: “Rechazamos de manera categórica las afirmaciones injuriosas proferidas por el ministro de Justicia, doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, en contra del procurador general de la Nación, doctor Gregorio Eljach Pacheco (sic)”.
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La firma de esta constancia la encabeza el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), acompañado por legisladores como Carlos Motoa (Cambio Radical) y Julio Elías Chagüi (Partido de La U).
La molestia de los congresistas surge después de que Montealegre anunciara su intención de denunciar a Eljach por prevaricato. La razón de fondo está relacionada con una indagación abierta por la Procuraduría frente a una posible participación en política del actual ministro, este anuncio se hizo público a través de un video, lo que generó de inmediato reacciones desde distintos sectores del Congreso.
En la carta enviada, los firmantes aseguran que las declaraciones del ministro no solo afectan el nombre del procurador, sino que comprometen principios fundamentales del sistema democrático.
“Esas manifestaciones no solo lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida, sino que además constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país, al desconocer la naturaleza y autonomía institucional de la Procuraduría”, escribieron los senadores.
Los congresistas llaman a Montealegre a moderar su discurso: “Esta constancia constituye un llamado a la sensatez y al respeto entre las instituciones del Estado, y una invitación a reafirmar que la democracia se fortalece con argumentos, no con agravios; con diálogo, no con ataques personales; y con la defensa de la institucionalidad, no con su deslegitimación”.
Las tensiones aumentaron luego de que el ministro solicitara a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, investigar el patrimonio del procurador Eljach. En una entrevista con un medio regional, Montealegre hizo afirmaciones que involucran al jefe del Ministerio Público con figuras políticas y jurídicas de alta exposición pública.
“Sería muy bueno establecer si ha recibido beneficios económicos del señor Abelardo de la Espriella”, dijo el ministro al referirse al abogado, empresario y precandidato presidencial que es cercano a sectores políticos de oposición al Gobierno actual.
Este señalamiento generó una fuerte respuesta por parte del Senado; desde allí, se cuestionó el tono de las declaraciones de Montealegre, al considerar que se apartan de los estándares esperados de un alto funcionario.
“El ejercicio de la función pública exige prudencia, responsabilidad y mesura, especialmente cuando las declaraciones provienen de altos dignatarios del Estado”, recordaron los senadores en su mensaje.
El documento también menciona que la Procuraduría tiene una función claramente definida dentro del ordenamiento jurídico nacional, y que su independencia debe respetarse sin interferencias indebidas. Además, resalta que acusaciones de este tipo crean un ambiente de confrontación que no favorece al fortalecimiento institucional.
“Quien ejerce funciones tan delicadas como las del Ministerio de Justicia está llamado a actuar bajo los principios de moralidad, imparcialidad y respeto mutuo, lo que consideramos pilares esenciales del servicio público y de la convivencia democrática”, agregaron los firmantes.
El procurador Eljach, por su parte, no ha emitido declaraciones sobre las acusaciones ni sobre la carta en su respaldo. Su silencio fue interpretado en algunos círculos como una forma de mantener la sobriedad institucional, mientras crecen las expectativas sobre una eventual respuesta de fondo.
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