Gustavo Petro aseguró que denunciará incumplimiento al acuerdo de paz ante la ONU, si el Congreso no aprueba la jurisdicción agraria

La falta de avance en la aprobación de la Ley de Jurisdicción Agraria se ha convertido en un punto de tensión en el Congreso, a pocas semanas de que finalice el periodo ordinario de sesiones.

El proyecto, considerado clave para la implementación del acuerdo de paz de 2016, no ha sido incluido en la agenda legislativa, lo que ha generado advertencias desde distintos sectores políticos.

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El presidente Gustavo Petro afirmó que la no aprobación de esta ley representaría un incumplimiento directo de los compromisos del Estado colombiano ante la comunidad internacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario indicó que, de mantenerse la situación, informará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el incumplimiento del acuerdo de paz.

“El Congreso, al no aprobar el proyecto de jurisdicción agraria, se iría de frente a incumplir el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, que son declaración unilateral de Estado”, escribió Petro. “Tendría que acudir a la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la ONU e informarlo como un cabal incumplimiento del Estado colombiano”.

La advertencia presidencial subraya la dimensión internacional del compromiso adquirido por el país tras la firma del acuerdo de paz, que fue reconocido ante la ONU como una declaración unilateral del Estado colombiano.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo también se refirió a la falta de avance del proyecto y recordó que la Ley de Jurisdicción Agraria fue concertada con todas las bancadas hace un año, pero no ha sido incluida en la agenda para discusión en plenaria.

“El pueblo campesino de Colombia la está esperando hace décadas y es parte esencial de la implementación del acuerdo de paz del 2016”, señaló Cristo en X.

El exministro pidió a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Lidio García y Julián López, que impulsen el debate y permitan su aprobación antes del cierre de sesiones.

El proyecto busca crear una jurisdicción especializada en asuntos agrarios, con el fin de resolver de manera más eficaz los conflictos de tierras y garantizar los derechos de las comunidades rurales. Para diversos sectores, su aprobación representa un paso necesario para fortalecer la justicia en el campo y cumplir con los compromisos derivados del proceso de paz.

El avance del proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria enfrenta un escenario de incertidumbre en el Congreso colombiano, donde la falta de agendamiento en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado ha retrasado su discusión definitiva, pese a que el ciclo de audiencias públicas ya concluyó y existen consensos previos en las comisiones conjuntas.

La iniciativa, aprobada el 10 de diciembre de 2024 por las Comisiones Primeras conjuntas de Cámara y Senado, permanece a la espera de ser debatida en las sesiones plenarias, sin que hasta la fecha se haya definido cuándo ocurrirá este paso clave.

Durante el proceso legislativo, el articulado ha sido objeto de propuestas de modificación en ambas cámaras, lo que llevó a la organización de audiencias públicas para recoger observaciones y ajustar el texto.

Según fuentes políticas consultadas por El Nuevo Siglo y cercanas a los ponentes —entre ellos los senadores Juan Carlos García (Conservador), Alejandro Chacón (Liberal) y el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico)—, las discusiones han girado en torno a la necesidad de construir acuerdos amplios e incorporar las voces de diversos sectores.

En la Cámara de Representantes, el congresista Gabriel Becerra cerró recientemente el ciclo de audiencias públicas en las que participaron organizaciones campesinas, gremios y voceros del Gobierno.

Tras la última reunión, Becerra declaró que “se cierra el ciclo con miras a la aprobación definitiva del proyecto en las plenarias de Cámara y Senado. Este es un proyecto de ley que tuvo consensos en Comisiones Primeras Conjuntas. La democracia implica que la discusión debe ser lo más amplia posible, incluso fuera del Congreso”.

El objetivo central del proyecto es que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados especializados en la materia, bajo los principios y finalidades de las normas agrarias. No obstante, en el Senado de la República el trámite avanza con mayor lentitud. Aunque ya se presentó la ponencia, aún no existe una fecha definida para su discusión en la plenaria.

Sectores políticos han expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que podría facilitar la expropiación de grandes extensiones de tierra y que la resolución de disputas agrarias por jueces especiales representa un cambio sustancial en la estructura judicial. Según los ponentes, estos puntos han sido objeto de ajustes en el texto para evitar interpretaciones erróneas.