La reciente captura de alias Manyoma, un joven de 18 años señalado como presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado Los Shottas, representa un avance en la lucha contra la extorsión en Buenaventura.
El operativo, llevado a cabo en el sector de Zabaleta, al oriente de la ciudad, se llevó a cabo como parte del Plan Antiextorsión y permitió detener al sospechoso en flagrancia, en el momento exacto en que recibía una suma de dinero producto de exigencias extorsivas a un ciudadano local.
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Este hecho se inscribe en una ofensiva sostenida de las autoridades para enfrentar la violencia y la criminalidad que afectan a este puerto estratégico del Pacífico colombiano.
La operación estuvo a cargo de unidades del Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de la Armada Nacional, y se ejecutó bajo la modalidad de plan entrega.
La víctima había sido intimidada para entregar dinero a cambio de poder retirar una maquinaria amarilla, lo que evidencia la presión que ejercen las estructuras criminales sobre la economía local.
La intervención oportuna de los uniformados permitió frustrar el cobro y detener a alias Manyoma en el momento en que recibía el dinero, evitando así que la extorsión se concretara.
El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Un juez de control de garantías legalizó su detención, avaló la imputación de cargos por extorsión agravada y ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Según las autoridades, este paso es fundamental para evitar represalias contra las víctimas y garantizar que el investigado no retome sus actividades criminales.
Alias Manyoma es señalado de participar en diversas acciones de extorsión, amedrentando a trabajadores y empresarios para obtener rentas ilegales y contribuir al control territorial de Los Shottas.
Y es que la situación de Buenaventura se registra en una disputa territorial entre Los Shottas y Los Espartanos, dos grupos criminales que buscan el dominio de economías ilícitas como el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión.
Esta confrontación ha incrementado la tensión y la violencia en la ciudad, considerada una de las más afectadas por la presencia de estructuras armadas que utilizan la intimidación como mecanismo de financiación.
En respuesta, las autoridades han intensificado los operativos en la región, con el objetivo de debilitar a estas organizaciones y restablecer la seguridad.
El Plan Antiextorsión, implementado por la Policía Nacional, ha permitido desarticular varias redes de cobro ilegal en el Valle del Cauca y fortalecer la articulación con la comunidad.
El Gaula ha recibido decenas de reportes de extorsión en 2025, lo que ha derivado en capturas y procesos judiciales exitosos.
Extorsión, una de las grandes problemáticas en el país
La extorsión en Colombia continúa siendo uno de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana —y la tranquilidad del tejido social—, al operar con modalidades tradicionales y nuevas estrategias digitales que aprovechan la conectividad, la tecnología y la impunidad existente. Un informe de la Defensoría del Pueblo destaca que entre 2020 y 2023 las denuncias por extorsión aumentaron un 20.5%, pasando de 8.188 casos en 2020 a 9.871 en 2023.
Los departamentos con mayor participación en las estadísticas son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Esa tendencia creciente refleja no solo un fenómeno cuantitativo, sino también cualitativo: los extorsionistas han diversificado sus métodos, apuntando a sectores antes menos visibilizados (comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios) y empleando herramientas como llamadas telefónicas desde cárceles, redes sociales y plataformas digitales.
Un caso ilustrativo del despliegue de nuevas tácticas es el del Oriente antioqueño. En 2025, esa subregión ha registrado 141 denuncias por extorsión en apenas cinco meses, muchas de ellas bajo la modalidad de “falso servicio”.
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