El respaldo internacional a la resolución Las implicaciones de las políticas de drogas en los derechos humanos, presentada el lunes 13 de octubre de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), parece marcar un punto de inflexión en la estrategia colombiana frente a los estupefacientes; contrario a las grandes diferencias con Estados Unidos.
En palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, este avance representa un “enorme triunfo diplomático de Colombia”, y abre la puerta a una transformación normativa. En sus redes sociales, el primer mandatario hizo un sorprendente anuncio, según el cual buscaría reglamentar en el territorio nacional el uso del cannabis para fines medicinales y para propósitos comerciales.
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“Reglamentaré el uso legal del cannabis para uso no recreativo, y fortaleceremos la política de sustitución voluntaria de cultivos”, afirmó Petro en respuesta a la adopción por consenso de la resolución en el Consejo de Derechos Humanos, con un mensaje publicado en su perfil de X.
La iniciativa, presentada por Colombia junto a 40 copatrocinadores, busca integrar la salud pública, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en el diseño de políticas de drogas.
El Gobierno destacó la importancia de este enfoque articulado, al destacar que el país “promueve en el Consejo de Derechos Humanos la articulación entre salud pública, desarrollo sostenible y derechos humanos en las políticas de drogas, fortaleciendo la cooperación entre mecanismos de DD. HH. y la Comisión de Estupefacientes”, según explicó la delegación colombiana en el organismo multilateral.
Victoria de Gustavo Petro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El consenso alcanzado en el organismo internacional fue interpretado por el Ejecutivo como un mensaje inequívoco sobre la necesidad de respetar la dignidad y los derechos fundamentales en la regulación de drogas. “El consenso alcanzado hoy en el Consejo de Derechos Humanos envía un mensaje claro: las políticas de drogas deben respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales”, se enfatizó.
En el plano normativo, la Ley 1787 de 2016 sentó las bases para el acceso seguro e informado al cannabis con fines medicinales y científicos. Bajo este marco, se permite la producción de derivados de cannabis con un contenido de tetrahidrocannabinol (THC) superior al 1%, exclusivamente para usos médicos o científicos y bajo controles estrictos; aunque existen fuertes restricciones sobre el mercado.
A partir de 2025, un decreto del Gobierno nacional habilitó a los pacientes a adquirir la flor de cannabis psicoactivo en farmacias y droguerías, siempre que cuenten con prescripción médica. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) es la entidad responsable de autorizar los productos para su comercialización, según lo dispuesto en la normativa.
Frente a este anuncio, Elena Escobar Bernal, que hace parte de la empresa Agrogreencol S.A.S., cuyo centro de operaciones es el Urabá antioqueño, indicó a Infobae Colombia que este anuncio es, sin duda, un gran avance en la legalización total del cannabis. En especial, porque además de uso medicinal, esta planta tiene una gran versatilidad para que sea usada en otros contextos.
“El cannabis ofrece múltiples aplicaciones industriales: puede utilizarse para la elaboración de hilos textiles, materiales de construcción, bioplásticos y baterías eléctricas. Se trata de una planta versátil cuyo uso varía según el propósito y algunas variedades de cannabis también contribuyen a la descontaminación de suelos y han sido utilizadas para la fabricación de baterías", afirmó Escobar.
En efecto, cabe recordar que la regulación también contempla el cannabis no psicoactivo, conocido como cáñamo, cuyo contenido de THC es inferior al 1%. Este tipo de cannabis puede emplearse -como lo afirmó Escobar- en una amplia gama de aplicaciones industriales, como la fabricación de cosméticos, suplementos dietarios y otros productos, con licencias de cultivos de 10 años.
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