Con globos blancos, pancartas y camisetas con la palabra Paz, familiares de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se reunieron este sábado 11 de octubre frente a la cárcel La Picota, en Bogotá, para exigir garantías de seguridad y rechazar la reciente ola de violencia que ha cobrado la vida de tres guardianes en los últimos quince días.
La concentración, convocada de manera espontánea por allegados de los funcionarios afectados, fue un acto de duelo y solidaridad hacia quienes cumplen labores de custodia en los centros penitenciarios del país. Los asistentes lanzaron consignas en defensa de la vida y reclamaron medidas urgentes al Gobierno nacional para detener los ataques contra los trabajadores del Inpec.
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Según Noticias Caracol, en las inmediaciones de La Picota se observaban decenas de globos blancos flotando sobre las rejas y carteles con frases como “No más asesinatos” y “Proteger la vida es también un deber del Estado”. La jornada transcurrió de forma pacífica, acompañada por familiares, amigos y exfuncionarios que se sumaron a la petición de reforzar la protección a los guardianes.
“Estoy en contra de la violencia. Vengo a apoyar a nuestros hombres del Inpec, a nuestros guardianes, porque no estoy de acuerdo con que estemos matando gente así por matar. Queremos que se haga la paz y que, independientemente de todo, todos somos seres humanos; a todos nos esperan en la casa y todos queremos llegar con bien”, expresó una de las familiares presentes en la protesta al medio citado.
La movilización de este sábado se realizó un día después de las manifestaciones frente al Ministerio de Justicia, donde sindicatos, empleados del Inpec y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) llevaron a cabo un plantón nacional. La convocatoria, liderada por el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), buscaba visibilizar la crisis de seguridad que enfrentan los dragoneantes y exigir la intervención directa del Gobierno ante los recientes atentados.
“Hoy levantamos la voz por la vida de quienes, día a día, cumplen con la difícil tarea de velar por el orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país”, expresó la CTC en un comunicado difundido en redes sociales. La organización reiteró el carácter pacífico de la movilización y denunció que los trabajadores del Inpec se han convertido en blanco de ataques sistemáticos.
En su pronunciamiento, la Confederación instó al Ejecutivo a adoptar medidas estructurales para garantizar la vida e integridad de los funcionarios. “Exigimos garantías reales, protección efectiva y justicia frente a los recientes atentados y asesinatos que hoy enlutan al país. Porque defender la vida también es defender el trabajo”, subrayó la CTC.
Frente a la gravedad de la situación, el Inpec ha implementado medidas de emergencia para proteger a su personal. Entre las decisiones más recientes se encuentra la suspensión temporal de las visitas durante el fin de semana del 11 al 13 de octubre en todos los centros penitenciarios de Bogotá y en algunas cárceles del occidente y centro del país, como Jamundí y Cali. La institución argumentó que la medida busca reducir riesgos ante posibles nuevos ataques.
El director del Inpec, coronel (r) Daniel Gutiérrez, informó que también se adelantan gestiones para mejorar las condiciones de defensa personal de los funcionarios. En ese sentido, se anunció la realización de una feria exclusiva para la adquisición de armamento personal, abierta a todos los trabajadores del Inpec —sin importar si pertenecen al área administrativa o de vigilancia—, con descuentos y facilidades de pago.
Otra medida en evaluación es la posibilidad de permitir que los dragoneantes porten armas personales en sus viviendas. La solicitud ya fue presentada a la Industria Militar (Indumil) y se encuentra en análisis.
Según los sindicatos, esta propuesta responde al temor generalizado entre los funcionarios, muchos de los cuales aseguran haber sido víctimas de seguimientos e intimidaciones fuera de su horario laboral.
No obstante, las medidas de seguridad adoptadas también generaron inconformidad entre familiares de personas privadas de la libertad, quienes participaron en las manifestaciones para pedir la reactivación de las visitas. Los allegados señalaron que, si bien comprenden la necesidad de reforzar la seguridad del personal penitenciario, consideran injusto que las restricciones afecten a los internos y a sus familias.
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