El reconocimiento explícito de alianzas entre políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la costa Caribe quedó en evidencia tras las recientes declaraciones de Álvaro Ashton, exsenador del Partido Liberal, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En varias sesiones, el excongresista detalló cómo estos pactos económicos, políticos y electorales facilitaron la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de procesos electorales y el control político en diversos municipios del norte del país.
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Durante su comparecencia voluntaria ante la JEP, Álvaro Ashton no solo admitió su participación directa en la firma de acuerdos con el Bloque Norte de las AUC, sino que también aportó información respaldada sobre la naturaleza y el alcance de estas alianzas. Según su testimonio, los dirigentes políticos establecieron una alianza voluntaria con la estructura paramilitar comandada por Edgar Ignacio Flórez Fierro, conocido como ‘Don Antonio’, y Carlos Mario García Ávila, identificado como el comandante político de ese grupo ilegal.
La JEP valoró el reconocimiento de responsabilidad política y moral por parte de Ashton, así como su disposición a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva dirigidos a las víctimas de los departamentos de Atlántico y Magdalena. Estas iniciativas estarán orientadas al fortalecimiento social, la educación y la reparación simbólica, en un esfuerzo por resarcir el daño causado a las comunidades afectadas.
En cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de condicionalidad de la JEP, Ashton mencionó a diversas personas que, según su relato, habrían intervenido o facilitado la consolidación de alianzas entre políticos y empresarios de la costa Caribe con el Bloque Norte de las AUC.
La Subsala de Comparecientes Voluntarios de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que los aportes de Álvaro Ashton Giraldo resultan fundamentales para el esclarecimiento de la verdad sobre el fenómeno de la parapolítica y para comprender la relación entre el poder político, económico y los grupos armados ilegales en la región.
Uno de los apartados más delicados de su testimonio involucró a figuras de alto perfil como el expresidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia, el empresario Julio Gerlein y el dirigente David Char Navas, quienes, según Ashton, habrían tenido acercamientos o acuerdos indirectos con sectores respaldados por las AUC en municipios como Barranquilla y Soledad. El exsenador afirmó ante los magistrados:
“Asumimos que todos, incluyéndome a mí, ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”.
La lista de nombres mencionados por Ashton incluyó también a Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo y Jorge Alberto Gerlein Echeverría, a quienes señaló como partícipes o facilitadores de estas alianzas. Además, en su confesión, el esxenador implicó al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien describió como uno de los principales promotores de artículos legislativos favorables a las AUC durante el debate de la Ley de Justicia y Paz.
Según sus palabras en audiencia, “era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal, que fueron negados en las comisiones primeras de Senado y Cámara, y fueron apelados por Benedetti […] en la Cámara”.
El exsenador, quien también fue procesado por el caso Odebrecht, relató que la cooptación de la Alcaldía de Barranquilla por parte del Frente José Pablo Díaz contó con la candidatura del exalcalde Guillermo Hoenisberg Bornacelly y su jefe de Planeación, José Pérez Orozco. Además, identificó al fallecido empresario y constructor David Name Terán, propietario de la constructora Condesa S.A., como uno de los promotores de las AUC.
En sus declaraciones, Ashton admitió que contribuyó “a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley” y manifestó su arrepentimiento, solicitando “perdón público a todos y cada uno de los ciudadanos de Barranquilla”.
Además, enfatizó la naturaleza consciente de sus actos al afirmar: “Tengo que reconocer, nuevamente, mi responsabilidad personal y política. Y no fue indirectamente, fue conscientemente, yo ratifico que fue una decisión deliberada mía”.
A raíz de estas revelaciones, la JEP solicitó a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación que, en el marco de sus competencias, determinen si corresponde iniciar investigaciones penales contra las personas mencionadas por el exsenador Ashton.
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