La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) dirigió una comunicación formal a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) solicitando la “urgente revisión y corrección” de las Resoluciones 101 066 de 2024 y 101 069 de 2025, así como del Proyecto de Resolución 701 100 de 2025.
Según la entidad, estas medidas podrían afectar la confiabilidad del sistema eléctrico y poner en riesgo el éxito de la próxima Subasta de Expansión del Cargo por Confiabilidad.
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La carta, firmada por la presidenta ejecutiva Natalia Gutiérrez Jaramillo, fue enviada también al Ministerio de Minas y Energía, con copia a la Procuraduría y la Contraloría General de la República. En el documento, el gremio energético aseguró que el país “enfrenta un estrechamiento crítico entre oferta y demanda que ya hemos advertido en múltiples ocasiones y por diversos canales formales ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía”.
Cuestionamientos al entorno regulatorio y advertencias previas
Acolgen manifestó que, aunque ha apoyado los mecanismos orientados a fortalecer la capacidad energética nacional, considera que la subasta de expansión “se ha lanzado a destiempo”, pues, según la comunicación, “debió haberse convocado desde inicios del presente Gobierno, con análisis técnicamente fundamentados”.
El gremio señaló además que “por presiones políticas, la convocatoria de la subasta está acompañada de un entorno regulatorio que compromete su éxito y que atenta contra la seguridad jurídica que ha permitido que, durante las últimas tres décadas, el esquema de confiabilidad adoptado haya evitado apagones generalizados en el país”.
En ese contexto, la carta subraya una advertencia directa: “Si no tomamos medidas urgentes, estaremos ad portas de repetir un racionamiento como el vivido en el año 1992.”
En la carta, Acolgen recordó que desde septiembre de 2024 ha venido alertando sobre las consecuencias de las medidas regulatorias que diferencian el precio de escasez por grupos tecnológicos, decisión que, según la asociación, “desfigura el esquema de confiabilidad, distorsiona la señal de escasez y mina la confianza en el mercado de contratos”.
El gremio insistió en que la aplicación de reglas nuevas a asignaciones ya efectuadas desconoce los principios de buena fe y respeto por los actos propios. Según el documento, la Resolución CREG 101 066 “carece de análisis de impacto normativo robustos, cuya elaboración es un deber de la Comisión y no de empresas o gremios como se ha entendido en tiempos recientes”.
Riesgos financieros y operativos para el sector energético
Acolgen advirtió que las resoluciones emitidas introducen riesgos financieros, retroactividad material y posibles déficits estructurales para los generadores. En particular, señaló que la combinación del precio de escasez diferenciado con el esquema de liquidación del Anexo 7 “genera cobros contra plantas aun cuando no vendan en bolsa, creando déficits estructurales y desincentivando la contratación de largo plazo”.
La asociación también se refirió a la creación de los dos productos de confiabilidad (PES y PEI), al indicar que “quiebra la naturaleza homogénea del Cargo por Confiabilidad, envía señales contradictorias de contratación y operación, y aumenta la incertidumbre regulatoria en un momento de estrechez de energía firme”.
El documento agrega que el esquema actual “debilita la planificación financiera y operativa de nuevos proyectos, afectando no sólo a tecnologías convencionales, sino, más especialmente, a las no convencionales que han sido una de las banderas del Gobierno Nacional”.
Llamado a garantizar la estabilidad energética
Acolgen reiteró que las decisiones recientes del regulador se han tomado sin cumplir con los procedimientos de análisis normativo ni con los trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La carta enfatizó que “los Proyectos de Resolución emitidos y en comentarios carecen de Análisis de Impacto Normativo robustos, con metodologías y alternativas evaluadas, así como del agotamiento en debida forma de la abogacía de la competencia ante la SIC”.
Por ello, el gremio solicitó a la Creg adoptar cuatro medidas específicas:
- Restituir una señal única de escasez, eliminando la segmentación entre PES y PEI.
- Corregir el Anexo 7 para aplicar los ajustes al precio de escasez solo sobre ventas reales en bolsa.
- Retirar la propuesta de remuneración diferenciada entre plantas nuevas y existentes.
- Completar y publicar los Análisis de Impacto Normativo de las resoluciones mencionadas.
El gremio energético concluyó su misiva destacando que “la Creg tiene hoy una responsabilidad histórica” y que corregir las decisiones regulatorias antes de la subasta “es la vía para garantizar solvencia, dar señales coherentes a la inversión, y permitir la continuidad del servicio sin sobresaltos para los usuarios”.
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