El dragoneante Jimmy Flores Salazar fue asesinado en Cali, en un nuevo ataque contra el Inpec

En las últimas semanas, se han registrado varios ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que, de manera preliminar, las autoridades han atribuido a una estrategia de grupos criminales para influir en el trato que reciben peligrosos reclusos en el país.

Tras el hostigamiento que sufrieron cuatro guardianes de la cárcel La Modelo, en Bogotá, las autoridades indicaron que se está avanzando en una investigación para identificar a los autores intelectuales de estos crímenes.

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En otro caso de esta índole, desde el Inpec le confirmaron a Infobae Colombia que en la tarde del 7 de octubre, el dragoneante Jimmy Flores Salazar, que trabajaba para la institución en Cali, fue víctima de un atentado en el que fue asesinado.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial sobre este hecho; sin embargo, de manera preliminar confirmaron a este medio que se adelanta una investigación para esclarecer lo registrado.

Se han expuesto diferentes grabaciones en redes sociales en las que se observa el vehículo en el que se movilizaba el uniformado, que iba a ingresar a trabajar a la cárcel de media seguridad de Villahermosa.

Ofrecen hasta $50 millones por responsables de los ataques contra uniformados del Inpec

Desde que se registró el primer ataque contra miembros de la institución, cuando el 26 de septiembre lanzaron una granada al vehículo del director regional del Inpec en Cali, desde el Ministerio de Defensa se pronunciaron para rechazar lo registrado y se llevó a cabo una reunión extraordinaria para establecer un plan de contingencia.

Mediante un comunicado de prensa, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó que “el esfuerzo se enmarca en una respuesta coordinada y articulada del Estado frente a los desafíos que plantea la acción ilegal de grupos criminales”.

La decisión se registró con el objetivo de reforzar la seguridad de los uniformados a nivel nacional y fue adoptada por el ministro Pedro Sánchez, que ordenó al director de la Policía Nacional trabajar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Autoridades ofrecen hasta $50 millones de recompensa por información que permita la captura de los responsables de estos hechos, incluyendo la identificación de los autores intelectuales.

En la reunión mencionada, agentes de inteligencia de la Policía identificaron a dos presuntos cabecillas responsables de recientes hechos delictivos relacionados con el sistema penitenciario. El primer sospechoso es Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, líder de la banda La Inmaculada.

De acuerdo con la Policía Nacional, Marín permanece en una estación del barrio Los Mártires y se sospecha que está detrás de maniobras para evitar su traslado a la cárcel La Modelo, luego de haber sido sacado de La Picota. Las autoridades mencionan que desde ese lugar seguía vinculado a actividades delictivas.

El segundo señalado es alias Chinga Pipe, quien, según las investigaciones, dirige redes de microtráfico desde la cárcel Villahermosa, en Cali. Este individuo habría ordenado ataques en distintos centros carcelarios para provocar desestabilización y generar alertas en todo el país.

Otra línea de investigación conecta estos sucesos con recientes operativos realizados en Bogotá, Cali y Armenia, donde la policía decomisó grandes cantidades de efectivo, drogas y teléfonos celulares. Estos elementos suelen ser usados para extorsiones desde el interior de las cárceles. Las autoridades siguen investigando el caso y no descartan implementar nuevas acciones para reforzar la seguridad del personal penitenciario.

Desde el Inpec, en diálogo con Caracol Radio, que es miembro del sindicato de la institución, indicó que se encuentran preocupados por la incertidumbre con la que trabajan en la actualidad.

“Como cuerpo de custodia y vigilancia estamos en una encrucijada lamentable para cualquier sociedad y es que un trabajador que desempeña una actividad esencial para el estado que se encarga de controlar la ejecución de las penas, todo tipo de control que haga en ese sentido, pues las bandas delincuenciales con el poder que tienen hoy están mostrando que se paga con la vida".