La familia de Jaime “N” sostiene que la detención del hombre, acusado de facilitar el vehículo utilizado en el traslado de los artistas colombianos B King y DJ Regio Clown hasta la ciudad mexicana de Cocotitlán —donde ambos fueron hallados decapitados y desmembrados el 17 de septiembre de 2025— responde a una estrategia para apaciguar la presión internacional y no a pruebas sólidas.
Además de Anabel, esposa de “Jaime N”, su sobrina Georgina y el abogado que los representa, Ángel Carrera Juárez, denunciaron públicamente una serie de irregularidades en el proceso, que van desde la ausencia de evidencias hasta “detenciones arbitrarias” y “cateos sin orden judicial”.
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“Las personas detenidas son absolutamente inocentes. La imputación se basa en suposiciones, en puros supuestos de su responsabilidad. No hay ningún vínculo, no hay datos de prueba, no hay evidencia que ellos hayan abordado el vehículo que se menciona, ni relación con un taller donde dicen que pintaron los rines de un auto que podría estar vinculado con las víctimas”, aseguró el jurista en declaraciones recogidas por El Universal de México.
El abogado también cuestionó la validez de un video presentado como prueba, ya que, según su análisis, no permite identificar de manera clara a los acusados.
“No hay prueba de antropometría forense para acreditar esa responsabilidad. La conducta que se les atribuye es que uno prestó un carro y otros pintaron los rines de rojo, pero no está acreditado ni el tiempo ni el lugar de esos hechos”, explicó Carrera Juárez, según recopiló el citado medio.
La defensa de Jaime “N” también señala que el juez del caso vinculó a los acusados con la organización criminal Unión Tepito, sin contar con pruebas contundentes, lo que derivó en la privación de la libertad de los implicados.
“Esta defensa está convencida de que esas conductas no llevaron a la muerte de los músicos colombianos. Esperamos que, al presentar nuestras pruebas en el juicio, puedan alcanzar su libertad”, aunque advirtió que la investigación complementaria podría prolongarse hasta seis meses.
“Presión de Colombia” por esclarecer el caso, denuncia la familia de Jaime “N”
Anabel, esposa de Jaime “N”, expresó su indignación y dolor ante la situación, asegurando que su marido es un “chivo expiatorio”.
“Jamás ha estado involucrado en nada ilícito. Nunca hemos hecho nada malo. Los vecinos pueden testificar, llevamos 23 años viviendo en el mismo lugar, trabajando honradamente para salir adelante”, declaró la mujer, según recogió El Universal.
Además, subrayó la delicada condición de salud de su esposo, de 62 años y diabético, y calificó el proceso como una “injusticia”.
“Están poniendo a una persona inocente dentro. Es una extorsión mental. No culpo a la presidenta (Claudia Sheinbaum) ni a la gobernadora del Estado de México (Delfina Gómez Álvarez), pero sí hay presión mediática por parte de Colombia. Nos detuvieron el 16 de septiembre, y mi esposo estaba conmigo ese día. Somos gente de bien, no tenemos tatuajes, no somos viciosos, todos salimos limpios en las pruebas”, expuso.
La familia también denunció irregularidades durante los allanamientos realizados en su domicilio. Según denunció Anabel, el primero de ellos se efectuó sin orden judicial, mientras ella, su esposo y sus dos hijos se encontraban en las instalaciones de la fiscalía mexiquense en Toluca tras ser detenidos el 27 de septiembre al regresar de vacaciones.
Posteriormente, las autoridades regresaron con una orden judicial, pero, según la familia, solo para aparentar legalidad, ya que el allanamiento inicial ya se había realizado.
“A mi tío la fabricaron delitos”, acusa su sobrina
Georgina Montoya Martínez, sobrina de Jaime “N”, desmintió que su tío fuera identificado como el alias El Puga por parte fiscalía mexiquense, aclarando que se trata de su apellido y no de un apodo delictivo.
“Mi tío no conoce a las personas con las que lo vinculan. Es injusto, están destruyendo a una familia buena solo por querer presentar un culpable y apagar la presión mediática”, afirmó la joven a El Universal.
Montoya Martínez atribuyó la detención de su tío a la presión ejercida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre las autoridades mexicanas. “Ha habido un sinfín de irregularidades desde el momento de la detención, que fue ilegal y brutal. A mi tío le fabricaron delitos. Él se dedica a sacar autos de subastas y trabaja honestamente para mantener a su familia”, declaró Montoya Martínez.
“Nos dicen que ofreció dinero para que lo soltaran, pero estaba detenido, ¿Cómo iba a hacerlo? Confío en la justicia de Dios y quiero confiar en la justicia de México, pero no pueden culpar a alguien solo por presión internacional”, agregó.
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