El evento convocado por el presidente Gustavo Petro en Ibagué el viernes 3 de octubre de 2025 ha estado marcado por denuncias de funcionarios públicos sobre presiones para forzar su participación en la concentración.
Según un contratista del Ministerio de Salud, la asistencia era obligatoria, se exigía prueba fotográfica y se advertía sobre posibles consecuencias contractuales para quienes no cumplieran con la orden.
Aunque el evento no se ha desarrollado, las denuncias que lo rodean presentan gravedad, ya que se estaría condicionando la asistencia de funcionarios estatales bajo amenazas relacionadas con la estabilidad laboral en instituciones del Gobierno nacional.
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La denuncia del funcionario, cuya identidad se mantiene reservada, fue divulgada por Blu Radio. En su testimonio, la persona expuso que durante la semana previa a la manifestación programada para el viernes 3 de octubre a las 15:00, en la Plaza Murillo Toro de Ibagué, contratistas de la cartera de Salud fueron citados a reuniones en las que se les comunicó la exigencia de participar en el evento.
De acuerdo con las declaraciones entregadas al medio citado, los jefes de área y directivos del Ministerio organizaron encuentros por grupos, en los que se retiraron los teléfonos celulares a los asistentes para evitar grabaciones o filtraciones de las advertencias y exigencias planteadas.
Durante estas reuniones, según el denunciante, los directivos informaron a los funcionarios que la asistencia a la movilización era imperativa y que debían firmar planillas y presentar registros fotográficos como comprobante de su presencia. La ausencia en el evento implicaría el reporte inmediato a las autoridades internas.
“Soy contratista del Ministerio de Salud y Protección Social. Los jefes de área y directivos nos citaron a reuniones, a cada grupo por aparte. En nuestro departamento nos quitaron los celulares y los sacaron de las salas como evidencia para que nadie pudiera grabar”, aseguró el funcionario sobre el momento en que se les comunicó la exigencia directiva.
Además, el funcionario recalcó que, desde las directivas de la entidad, se les informó que no se otorgarían viáticos para el traslado a Ibagué, por lo que cada persona debía asumir los gastos de desplazamiento y estadía en la capital del departamento del Tolima.
El ambiente descrito por el denunciante es de silencio y temor. Según su relato, los funcionarios evitan hacer preguntas durante las reuniones, ya que se percibe una amenaza implícita sobre la estabilidad laboral si se atreven a cuestionar las decisiones directivas.
“Cuando se tratan esos temas el ambiente es ya silencioso, porque se percibe la amenaza de los contratos y se sobreentiende que quien no participe en las actividades del ministro o en las actividades del Gobierno podría quedarse sin contrato, o, como manifiestan, se puede hacer cesión de contrato”, señaló el funcionario al medio citado.
La movilización fue convocada por la Presidencia de la República y, según el testimonio entregado al medio mencionado, los jefes de área del Ministerio de Salud afirmaron que la orden de asistencia provenía “directamente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo”.
Para el ministro Jaramillo, según la denuncia, el evento que el presidente desarrollará en esa ciudad es relevante, ya que se trata de su ciudad natal, lo que incrementa la importancia de la presencia de los funcionarios del Ministerio en la manifestación.
Las presuntas presiones a los funcionarios públicos desde la administración gubernamental ya habían sido denunciadas por el exsenador y precandidato presidencial David Luna, quien describió las presiones como “coacción política y abuso contra trabajadores vulnerables”.
En su momento, Luna aseguró que los afectados, entre ellos madres cabeza de familia, se ven forzados a dejar a sus hijos solos o a desplazarse en horarios nocturnos para cumplir con la directriz, todo ello sin apoyo en viáticos ni alimentación y bajo la amenaza de perder sus trabajos.
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