Tribunal investigará presuntas irregularidades en manejo de fondos del Ministerio de la Igualdad

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda de acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria-FIDUAGRARIA S.A. y el Consorcio Fondo MinIgualdad y Equidad, según consta en el documento fechado el 6 de marzo de 2026 y firmado electrónicamente por el magistrado Luis Norberto Cermeño.

De acuerdo con el fallo, las partes demandadas deberán ser notificadas directamente: “NOTIFICAR personalmente a las demandadas Ministerio de Igualdad y Equidad, Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria-FIDUAGRARIA S.A, Consorcio Fondo MinIgualdad y Equidad, al agente del Ministerio Público acreditado ante el Despacho 08 de la Subsección C, Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y remitirles junto con esta providencia, copia de la demanda y sus anexos. Por estado a la demandante”, ordena el texto oficial.

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En otras de sus resoluciones, el tribunal dispuso que “en el término de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, las demandadas tienen derecho a hacerse presentes en el proceso y a allegar pruebas o solicitar su práctica; y en ese mismo lapso debe remitir con destino al expediente los antecedentes administrativos objeto del proceso, y [...] la decisión será proferida dentro de los veinte (20) días siguientes”.

El documento en cuestión fue firmado electrónicamente “garantizando la autenticidad, integridad, conservación y consulta según el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022”, según dejó constancia Luis Norberto Cermeño en el cierre de la providencia.

Contraloría advierte que FonIgualdad solo ejecutó el 3% de los recursos

La Contraloría General de la República de Colombia alertó sobre la grave ineficiencia en la ejecución del presupuesto del Fondo para la Equidad o FonIgualdad, entidad adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad y responsable de financiar programas dirigidos a mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas y campesinos.

De los recursos asignados para 2024, únicamente el 3% fue efectivamente pagado por el fondo, lo que, según la Contraloría, compromete el impacto real de estos proyectos en los territorios.

Pese a contar con una apropiación cercana a 1,9 billones de pesos, FonIgualdad solo logró comprometer contractualmente el 25% de los recursos y obligar el 13%, dejando más del 85% de los fondos públicos sin ejecutar o sin una obligación concreta, según reveló el organismo de control el 7 de enero de 2025. Estos resultados reflejan lo que la Contraloría califica como graves deficiencias en la planeación y gestión del gasto. De los veinticinco programas previstos para 2024, doce no reportaron ninguna ejecución.

La auditoría también determinó que los problemas más acentuados se concentran en los gastos de inversión, donde casi la mitad de las iniciativas permanecieron sin avances, lo que limita el alcance social de la entidad. Por el contrario, los gastos de funcionamiento del fondo alcanzaron un 98% de ejecución, representando compromisos por $13.040 millones.

Uno de los puntos señalados como críticos fue el convenio entre FonIgualdad y la Unión Temporal Territorio y Paz (Uttp), valuado en $175.311 millones que, a pesar de ser suscrito en la última parte del año fiscal, presentó una ejecución por debajo de las metas iniciales, situación que se suma a las observaciones por falta de una gestión adecuada.

“La entidad —FonIgualdad— no realizó una adecuada gestión, al evidenciarse que utilizó recursos para atender el 25% de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional, situación que impacta directamente a grupos de mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, entre otros”, detalló la Contraloría textualmente.

El propio FonIgualdad respondió a las observaciones explicando que su naturaleza jurídica es la de un patrimonio autónomo constituido por un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, por lo que no le aplica el principio de anualidad presupuestal.

Según la comunicación oficial, una transferencia por $469.047 millones realizada en diciembre de 2023 fue ejecutada en un 25,3% durante 2024, es decir, $118.652 millones. A juicio del ente de control, incluso considerando este argumento jurídico-contable, la gestión permanece lejos de lo exigido por los objetivos trazados.