El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó este miércoles negar nuevamente la personería jurídica al partido Progresistas, liderado por los congresistas María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landínez.
La decisión reafirma la incertidumbre sobre la participación del naciente movimiento en la consulta al Congreso por el Pacto Histórico y marca un episodio clave en el escenario político colombiano.
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La votación en el CNE concluyó 6 a 2 y mantuvo la escisión del partido Mais, pero suspendió de manera indefinida la entrega de la personería a Progresistas. Esta situación deja en pausa la consolidación jurídica del partido y plantea desafíos para las candidaturas de Pizarro, Racero y Landínez, así como para la unidad del bloque oficialista.
Tensión en el Pacto Histórico y candidaturas en riesgo
La decisión del CNE agudiza las dudas en la previa de la consulta legislativa del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre. Un elemento clave del acuerdo político es que María José Pizarro encabece la lista al Senado, tras declinar su aspiración presidencial. Sin embargo, David Racero y Heráclito Landínez, proyectados como candidatos al Senado y Cámara respectivamente, no disponen por ahora de un partido legalmente habilitado que los respalde.
“El mensaje es claro: no hay garantías plenas para mi participación política y, por ende, en la consulta interna del Pacto Histórico hasta que el CNE no otorgue sin condicionamientos la personería de Progresistas” expresó Pizarro en sus redes sociales.
El argumento central de los congresistas es que la indefinición jurídica limita sus derechos políticos y debilita la estructura del progresismo dentro del movimiento oficialista.
Estrategia legal: tutela y antecedentes jurídicos
Frente a la negativa, los dirigentes de Progresistas anunciaron que esperarán el documento oficial y, de inmediato, presentarán una tutela solicitando la entrega de la personería. En su recurso citan como antecedente las medidas cautelares que, en su momento, permitieron al Pacto Histórico inscribir candidatos bajo una figura legal similar.
El precedente judicial constituye un punto de presión hacia el tribunal electoral; las partes intervinientes sostienen que su caso amerita una protección especial de sus derechos políticos, como lo avaló en el pasado la Corte Constitucional en situaciones comparables.
Impacto político, respuesta del petrismo y disputa interna
La falta de personería jurídica ha dejado secuelas dentro del oficialismo. María José Pizarro, que acordó con el presidente Gustavo Petro ser cabeza de lista al Senado en 2026 y expresado abiertamente su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, denunció que los retrasos del CNE resultan “injustificados y afectan la unidad de la izquierda petrista”.
La senadora subrayó la urgencia de una solución y advirtió que de no lograr el reconocimiento legal en los próximos 25 días, la participación de Progresistas en la consulta carecerá de protección jurídica.
“Lucharé por mi libertad política, en mí no caben ni el miedo ni la resignación”, aseveró Pizarro, reiterando su compromiso de liderar el movimiento progresista en la etapa electoral clave. La postura refleja la preocupación de los sectores aliados sobre la fragmentación del bloque oficialista si la situación no se resuelve antes del plazo para la consulta.
Futuro inmediato y calendario electoral
El margen es ajustado, falta de solo unos días para la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre, Progresistas busca conseguir el respaldo institucional a través de la justicia. Si el CNE no concede la personería a tiempo, las candidaturas de David Racero y Heráclito Landínez quedarían en el aire, ya que otra colectividad no podría avalarlos en este ciclo.
Por su parte, María José Pizarro insistió que, en cuanto obtenga personería, el partido avanzará en su integración formal al proyecto del Pacto Histórico: “Trabajaré estos 25 días para liderar el progresismo como bancada constituyente y para llevar a Iván Cepeda a la Presidencia de la República. Apenas me sea otorgada la personería jurídica, lideraré, de la mano de los partidos y las fuerzas de izquierda y progresistas, la segunda etapa del cambio en el Congreso de la República”.
El desenlace de la disputa jurídica determinará la configuración definitiva de las listas del Pacto Histórico y el peso que tendrá el progresismo en el Congreso colombiano. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de los congresistas implicados y la estrategia de la coalición en torno al ciclo electoral de 2026.
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