La decisión de un juez de control de garantías de conceder la libertad por vencimiento de términos a Jorge Leonardo Piña Rodríguez, acusado de feminicidio, generó consternación en Sabanalarga (Atlántico).
La medida, adoptada el martes 30 de septiembre durante una audiencia virtual desde el Centro de Detención Transitorio Las Estrellas en Barranquilla, permitió que Piña Rodríguez saliera de prisión tras considerarse que se agotó el plazo legal para iniciar el juicio oral, según lo estipulado en el artículo 230 de la Constitución y el artículo 317, numeral 5, de la Ley 906. La familia de la víctima, Nalfi Esther Blanco Olmos, recibió la noticia con profunda tristeza y cuestionó el desarrollo del proceso.
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El juez enfatizó que la decisión no implicaba un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Piña Rodríguez y aclaró que el proceso judicial continúa en etapa preparatoria de juicio.
No obstante, la resolución se fundamentó en la expiración del tiempo legal para dar inicio al juicio oral, lo que llevó a la concesión de la libertad solicitada por la defensa del acusado. La audiencia se realizó sin la presencia del delegado de la Procuraduría ni del personero municipal, y la Fiscalía no interpuso recursos para apelar la decisión.
Al respecto, Nataly Blanco, hermana de la víctima, expresó su inconformidad por la ausencia de las autoridades en la audiencia y la falta de acción de la Fiscalía. “Tuvimos audiencia de vencimiento de términos y no se presentó ni la Procuraduría ni la personería a la audiencia. El juez de garantías tomó la decisión solo sin estar ellos. Y la fiscalía, cuando le preguntaron, no hizo ningún comentario al respecto”, indicó en declaraciones recogidas por Blu Radio.
Y agregó: “El juicio empieza el 10 de octubre, por eso es que no entendemos cómo un juez de garantía lo deja libre si ya vamos a empezar el juicio, sobre todo cuando se sabe que hubo dilaciones por parte del abogado defensor de Jorge”.
Los familiares de Nalfi Esther Blanco Olmos también denunciaron que el proceso se vio afectado por retrasos atribuidos a la defensa del acusado y reclamaron que la justicia no actuó con la diligencia necesaria.
El feminicidio de Nalfi Esther Blanco Olmos
El caso que desembocó en esta decisión judicial se remonta al 30 de noviembre de 2024, cuando familiares de Nalfi Esther Blanco Olmos encontraron su cuerpo en una vivienda del barrio San Carlos, en Sabanalarga.
La víctima presentaba un surco de presión en el cuello, indicio de asfixia mecánica. Vecinos relataron que durante la madrugada se escucharon gritos provenientes de la casa, donde Nalfi se encontraba con su expareja.
Según testimonios conocidos, Piña Rodríguez había acudido la noche anterior a la vivienda para felicitar a la hija de Nalfi por su grado de bachiller, aunque no estaba invitado a la celebración. Posteriormente, habría pedido quedarse en la casa, lo que generó inquietud entre los allegados de la víctima.
La relación entre Nalfi Esther Blanco Olmos y Jorge Leonardo Piña Rodríguez estuvo marcada por episodios de violencia. En 2019, Nalfi denunció a Piña ante las autoridades por maltrato intrafamiliar, aunque posteriormente retomaron la relación.
La separación definitiva ocurrió en octubre, durante las fiestas de Sabanalarga, pero Piña Rodríguez continuó intentando retomar el vínculo. La noche del crimen, tras una discusión, el acusado presuntamente empujó a Nalfi, lo que provocó que se golpeara la cabeza, y luego la asfixió con sus manos. Tras el hecho, Piña Rodríguez huyó, pero se entregó voluntariamente a la Policía del Atlántico el 1 de diciembre de 2024, tras lo cual un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.
Blanco Olmos era docente y se desempeñaba como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), donde coordinaba el trabajo de madres comunitarias. Su muerte provocó indignación entre familiares y allegados, quienes insisten en que el acusado debe responder ante la justicia. Una de las personas cercanas a la víctima, en diálogo con El Heraldo pidió que “le caiga el peso de la ley” a Piña Rodríguez y enfatizó que “nada justifica lo que hizo”.
A pesar de la libertad concedida, el proceso judicial contra Piña Rodríguez sigue en curso, con la audiencia de juicio programada para el 10 de octubre. La familia de la docente mantiene la esperanza de que el sistema judicial actúe con firmeza y que el caso avance hacia una resolución justa.
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