Defensa de Nicolás Petro solicitó a la Fiscalía “replantear la permanencia” de la fiscal Lucy Laborde en las investigaciones

La controversia en torno a la fiscal Lucy Laborde se intensificó tras la solicitud formal de la defensa de Nicolás Petro para que se reconsidere su permanencia al frente de los procesos penales que involucran al hijo del presidente de la República.

En una carta de cinco páginas dirigida a la fiscal General Luz Adriana Camargo, el abogado defensor Alejandro Carranza argumentó que la continuidad de Laborde podría comprometer la objetividad y transparencia de las investigaciones, especialmente a pocos días de la audiencia de imputación de cargos por presuntos hechos de corrupción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La defensa de Nicolás Petro fundamentó su petición en una serie de denuncias y cuestionamientos sobre la actuación de la fiscal Laborde. Carranza solicitó a la fiscal General que se tramiten con celeridad las denuncias penales y disciplinarias ya presentadas contra Laborde, exigiendo que no sean archivadas ni relegadas, y que se garantice su tratamiento imparcial.

Según la carta, la intención no es obstaculizar la acción de la justicia, sino asegurar que esta actúe con el mismo rigor tanto en la investigación contra Nicolás Petro como en la protección de los derechos de Laura Andrea Ojeda Estupiñán, actual pareja del exdiputado.

El abogado Carranza propuso que los casos relacionados con hechos de corrupción, cuya imputación está prevista para el 1 de octubre, sean asumidos por un fiscal distinto a Lucy Laborde.

A su juicio, esta medida sería coherente con la exigencia de independencia judicial que la propia funcionaria defendió.

En la misiva, Carranza afirmó: “De nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura para asegurar impunidad a Daysuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes. Esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”.

La defensa de Nicolás Petro también denunció lo que considera una estrategia de la fiscal Laborde para desviar la atención de los elementos centrales de la investigación.

Carranza sostuvo que la fiscal busca “revictimizarse” y crear una “cortina de humo” que, en su opinión, pretende ocultar el favorecimiento de los intereses de la testigo Day Vásquez.

En la carta enviada a la fiscal General, se advierte: “La Fiscalía General de la Nación no puede prestarse para esas maniobras. Si el país confía en la justicia, es porque la justicia no se alquila a candidaturas, ni se somete al cálculo político de quienes hacen de las filtraciones un método y de las audiencias un espectáculo”.

Otro de los puntos centrales de la solicitud de la defensa es la revocatoria del principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro. Carranza argumentó que Vásquez habría incumplido su deber constitucional de decir la verdad, lo que, a su juicio, justifica la revisión de los beneficios procesales otorgados.

El trasfondo de esta disputa se remonta a la denuncia presentada por la fiscal Laborde el 22 de septiembre, en la que alegó presiones indebidas y afectación de su independencia tras la asignación de una fiscal de apoyo, Liliana Mesa Agudelo, sin su consentimiento.

Laborde manifestó que fue convocada de manera inesperada a reuniones con la dirección de Lavado de Activos y la Corrupción, donde se le exigió revelar detalles reservados de la investigación. Además, señaló que la defensa de Petro habría realizado solicitudes formales y derechos de petición relacionados con aplazamientos de audiencias, sin que ella fuera informada previamente.

Luz Adriana Camargo respondió a estas inquietudes, asegurando que la designación de una fiscal de apoyo no tenía como objetivo socavar la autonomía de Laborde, sino proporcionarle herramientas adicionales para el cumplimiento de sus funciones.

Camargo explicó: “La designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino solo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes, como se ha hecho en otras oportunidades, sin que ello haya suscitado reparo alguno de su parte”. No obstante, la fiscal general ordenó retirar a la fiscal de apoyo asignada.