Presidente de la Cámara Colombiana de la Infrasestructura lanzó alerta tras anuncio de Petro de que no hay plata para la vía al Llano

La preocupación por el futuro de la vía al Llano ha aumentado tras la advertencia de la Cámara Colombiana de Infraestructura sobre la falta de recursos para intervenir el kilómetro 18, uno de los tramos más afectados por deslizamientos.

Juan Martín Caicedo, presidente de la entidad, instó al Gobierno nacional a garantizar más de $1.2 billones para atender 55 puntos críticos en este corredor, resaltando la urgencia de la inversión y la importancia estratégica de la carretera para la economía del país.

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Caicedo señaló que el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, quien indicó la ausencia de fondos estatales para solucionar los problemas en el kilómetro 18, ha generado “serias preocupaciones”.

El directivo recordó que la vía al Llano conecta Bogotá con la Orinoquía y constituye una de las arterias viales de mayor impacto para el desarrollo económico nacional.

En su mensaje, insistió en que, pese a las restricciones fiscales que enfrenta el Gobierno, la relevancia de este corredor exige buscar alternativas que permitan asegurar los recursos necesarios para una intervención estructural.

La vía al Llano, que une la capital con la región de la Orinoquía, es considerada fundamental para el transporte de bienes y personas, así como para la integración regional.

La existencia de 55 puntos críticos, entre los que destaca el kilómetro 18, representa un riesgo permanente para la conectividad y la seguridad vial. Según Caicedo, la magnitud de los desafíos en este corredor requiere una respuesta inmediata y sostenida por parte del Estado.

En su declaración, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura enfatizó que la responsabilidad de atender las zonas afectadas por deslizamientos recae exclusivamente sobre el Estado.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, sostuvo que la urgencia de la situación demanda la búsqueda de mecanismos que permitan superar la coyuntura fiscal y garantizar la inversión superior a $1.2 billones, necesaria para resolver los puntos de mayor riesgo.

El directivo también reconoció la labor del concesionario encargado de la vía, que logró restablecer la movilidad en tiempo récord mediante la habilitación de un corredor alterno. Esta acción permitió mitigar temporalmente el impacto de los deslizamientos, aunque la solución definitiva depende de la intervención estatal en los tramos más vulnerables.

Frente a este escenario, la Cámara Colombiana de Infraestructura reiteró su llamado al Gobierno nacional para que asigne, de manera inmediata, los recursos requeridos y así avanzar en la solución de los puntos críticos de la vía al Llano.

Exministros y CCI advierten riesgos por decreto de Petro sobre APP

Una advertencia conjunta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y seis exministros ha puesto en el centro del debate los riesgos legales y económicos que implicaría la expedición de un decreto del Gobierno Petro para modificar la distribución de las vigencias futuras en proyectos viales bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).

El documento, firmado por la CCI y los exministros Ángela Orozco, Germán Cardona, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, José Antonio Ocampo y Juan Carlos Echeverry, advierte que la medida podría generar un “clima de incertidumbre y desconfianza” en el sector, afectando la participación en licitaciones y dejando al mercado sin garantías para presentar ofertas.

La carta destaca el caso de la vía El Estanquillo-Popayán, que depende en un 97% de vigencias futuras para su financiación y podría quedar en riesgo si se aprueba el decreto, ya que solo contará con un peaje.

Según el pronunciamiento, la propuesta de redistribuir vigencias futuras, compromisos presupuestales a largo plazo, pretende regular materias que, a juicio de los firmantes, solo pueden ser modificadas por el Congreso de la República y no por el Ejecutivo.

El texto sostiene que el decreto genera “serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad”, al desconocer procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

La carta también señala que el borrador del decreto contradice los planteamientos recientes de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Carlos Hernán Rodríguez, que advirtió: “las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”.

Además, el documento advierte que “aquellos funcionarios que expidan el mencionado decreto estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales”, lo que podría acarrear consecuencias personales.

En el ámbito económico, los firmantes alertan sobre el riesgo de demandas de los concesionarios si el Estado modifica unilateralmente la distribución de las vigencias futuras, ya que esto podría interpretarse como un incumplimiento de los contratos de concesión vigentes. El texto subraya: “Preocupan, por lo demás, las demandas que desde ya se vislumbran por parte de los concesionarios, en caso de ser expedido el decreto”, y agrega que el Estado estaría incumpliendo lo pactado.