El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que cuestiona la celebración de presuntos contratos millonarios por parte de la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc S.A.S.) para actividades ajenas a la misión central del sistema de medios públicos de Colombia.
La demanda fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, entidad que solicita examinar el alcance y la legalidad de convenios interadministrativos firmados por Rtvc con ministerios y agencias nacionales, en los que se habrían contratado servicios de logística para eventos, alquiler de tarimas y carpas, además de alimentación y transporte.
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Según la acción legal, Rtvc habría dedicado buena parte de su gestión contractual a canalizar recursos estatales como intermediario, en lugar de abocarse a funciones propias de un sistema de medios públicos. Esta intermediación habría consistido en celebrar convenios con entidades del Gobierno para proveer servicios de soporte logístico que habitualmente se tercerizan a través de operadores privados, como alquiler de menaje, montaje de ferias y ejecución de campañas institucionales.
“Esta práctica convierte a Rtvc en un intermediario que canaliza recursos públicos sin observar principios de selección objetiva ni garantizar condiciones de pluralidad y transparencia”, se lee en el texto de la demanda.
Las razones expuestas por la Fundación para el Estado de Derecho apuntan a que estos esquemas de contratación habrían generado una tercerización estructural y reiterada de tareas, con posible desvío del objeto misional de la entidad. La acción también advierte que, bajo este esquema, la entidad incurre en la suscripción de contratos de prestación de servicios que cubren funciones permanentes, figura que podría generar vínculos laborales encubiertos.
El recurso enfatiza que la planta organizacional de Rtvc apenas alcanza los 60 funcionarios de carrera, frente a más de 1.800 contratos por prestación de servicios reportados oficialmente. De acuerdo con los demandantes, esta modalidad erosiona el cumplimiento de los principios legales que rigen la administración de recursos públicos.
La acción popular busca que el Tribunal le ordene a Rtvc abstenerse de celebrar convenios interadministrativos para actividades que no pueda ejecutar con su propia capacidad institucional. En la demanda se reclama además que se implementen mecanismos de verificación interna y se publique el detalle completo de todos los contratos celebrados desde el año 2022.
La finalidad, según describió Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, es garantizar la transparencia y la legalidad en el manejo de los fondos públicos administrados por el sistema de medios. “Lo que buscamos es que Rtvc se concentre en su misión como sistema de medios públicos y que se ponga fin al uso indebido de contratos interadministrativos para actividades ajenas a su objeto”, afirmó.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la demanda cumple con los estándares de admisión, entre los que se incluyen la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia económica. El tribunal ha abierto el expediente para estudio, lo que implica que en las próximas semanas se podría determinar la continuidad del proceso y la eventual imposición de medidas preventivas o correctivas. La decisión de admitir el recurso viene acompañada de la solicitud para que se allegue información oficial sobre la contratación de Rtvc y de las entidades involucradas.
La estructura de los contratos celebrados por Rtvc, la inclusión de terceros operadores y el uso de convenios interadministrativos han sido señalados como factores centrales del presunto desvío del objeto misional de la entidad. Las denuncias apuntan a que la entidad estatal habría actuado como intermediaria, trasladando recursos públicos a privados sin garantizar la pluralidad de oferentes y sin observar el principio de selección objetiva.
Según consta en la acción, “la ejecución contractual de Rtvc presenta un patrón de tercerización estructural, que agudiza el desvío de su objeto misional y compromete el cumplimiento de los principios que rigen la función pública”.
A partir de la admisión de la demanda, el proceso judicial sigue su curso con la posibilidad de que se impongan medidas para restringir la celebración de nuevos contratos de esta naturaleza, al tiempo que se avanza en la verificación de los convenios suscritos.
El examen del caso por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría impactar los esquemas de contratación en los medios públicos y sentar nuevas pautas para la administración de recursos públicos en Colombia. La atención se centra ahora en la respuesta institucional de Rtvc y los pasos jurídicos que adopten tanto la entidad estatal como el demandante, en un escenario donde están en juego principios fundamentales como la transparencia, la moralidad administrativa y la adecuada gestión pública.
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