La Fundación de educación superior San José presentó una denuncia penal contra su hasta ahora secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por los delitos de obtención de documento público falso y daño informático.
La acción legal resultó tras las irregularidades detectadas en la expedición de un título universitario a Juliana Guerrero, la joven que ha estado en el centro de la polémica por este hecho, porque fue designada viceministra de las Juventudes, informó Caracol Radio.
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La institución educativa notificó, en línea con lo informado por el medio, que Gutiérrez Martínez fue destituido de su cargo a raíz, no solo de estos acontecimientos, sino por también se prescindir del equipo de trabajo que le reportaba directamente.
La investigación puntualiza que a Juliana Guerrero se le otorgó un diploma universitario sin haber cumplido los requisitos exigidos por la normativa institucional, hecho confirmado por la propia Fundación San José.
La controversia, de hecho, no ha permitido que Guerrero reciba oficialmente el nombramiento de viceministra.
La Fundación expresó, según conoció el medio, que las medidas adoptadas buscan dar garantías de transparencia y asegurar el cumplimiento estricto de las leyes y regulaciones en vigor.
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Se conoció que la dirección de la Fundación se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre los avances en este proceso, reiterando su voluntad de cooperar con las autoridades responsables de la investigación penal.
Los posibles contratos en favor de Juliana Guerrero
A su vez, se conocieron revelaciones sobre la relación contractual entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander (UIS), institución de educación superior con la que habría celebrado convenios por montos millonarios pese a no contar con un título profesional.
De acuerdo con la información que publicó El Tiempo, Guerrero habría firmado contratos en 2023 por aproximadamente 12 millones de pesos para coordinar y vigilar la ejecución de proyectos institucionales, en momentos en que aún cursaba estudios en la Fundación San José.
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La investigación detalló que, aunque Guerrero solo tenía 21 años al inicio de los contratos y carecía del título universitario exigido para cumplir estas funciones, recibió el encargo de supervisar un convenio interadministrativo orientado a la construcción e implementación de rutas metodológicas sobre convivencia y seguridad ciudadana en todo el país.
El convenio que Guerrero vigiló tendría un costo estimado en 14.500 millones de pesos, según la información obtenida por el medio, y también, según datos divulgados por la revista Semana.
Detalles de los contratos
Los contratos habrían sido firmados en un periodo breve de apenas tres días, entre septiembre y diciembre de 2023, poco antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Durante este lapso, Guerrero figuró al mismo tiempo como estudiante de la Fundación San José, instituto en el que inició su proceso académico en diciembre de ese año y donde, según el representante legal Francisco Pareja, permaneció durante 18 meses.
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El medio además informó que no existe certeza ni documentos verificables sobre la ejecución de los contratos asumidos por Guerrero. La UIS ha mantenido bajo reserva la información relacionada y no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre los alcances y resultados de dichos convenios.
“Se advierte que el acceso a esa información solo procede con consentimiento expreso de la contratista o mediante orden judicial, por lo cual la universidad no está habilitada para suministrarla directamente al peticionario”, respondió la institución educativa a los medios.
La contratación de Guerrero coincide, adicionalmente, con otros cuestionamientos en torno a su hoja de vida y beneficios en la administración pública. Voces dentro del Ministerio de Educación han confirmado que en las próximas semanas se realizará una inspección especial sobre la legalidad de los documentos entregados y los procedimientos académicos aplicados por la Fundación San José.
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No obstante, a pesar de los escasos soportes de gestión disponibles, Guerrero habría recibido sus pagos conforme a lo pactado, sin evidencias públicas del avance o cumplimiento efectivo de las tareas asignadas.
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