Juzgado puso fin a la disputa judicial entre Petro y los hermanos Moreno Mejía: revocó sanción por desacato y dio por cumplido el fallo

El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá decidió dar por terminado el incidente de desacato promovido contra el presidente Gustavo Petro en el marco de una controversia judicial con los hermanos Roberto y Luis Alberto Moreno Mejía. La determinación judicial concluyó que la orden de tutela fue cumplida, lo que llevó a revocar la sanción previamente impuesta al jefe de Estado.

La decisión se adoptó tras verificar que el mandatario realizó la aclaración ordenada en relación con las afirmaciones hechas el 21 de octubre de 2025, y que dicha rectificación fue difundida en medios de comunicación con alcance equivalente al utilizado en la intervención inicial. En consecuencia, el despacho judicial dispuso el cierre del incidente y la terminación del trámite.

El proceso se originó por una acción de tutela dentro del expediente 2025-00469, en la que los hermanos Moreno solicitaron el cumplimiento de una orden relacionada con las declaraciones del presidente sobre supuestos hechos asociados al caso del Banco del Pacífico, el denominado “volteo de tierras” en la Sabana de Bogotá y el predio Hacienda San Simón, entre otros señalamientos realizados en un Consejo de Ministros.

En la providencia, el juzgado estableció que se verificó el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, el 12 de febrero de 2026.

El fallo señaló que el presidente de la República efectuó una aclaración sobre la situación jurídica de Roberto y Luis Alberto Moreno Mejía, indicando que “no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena, por hecho criminal asociado (...) o a ningún otro de los asuntos referidos en mi intervención del 21 de octubre de 2025, por lo que gozan de la presunción de inocencia”.

La decisión judicial también indicó que la rectificación fue difundida en distintos medios de comunicación con alcance equivalente al de la intervención original. Con base en estos elementos, el despacho concluyó que el fallo de tutela fue cumplido.

En la parte resolutiva del documento se estableció: “DECLARAR que el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (…) el 12 de febrero de 2026 fue cumplido”. Asimismo, el juzgado ordenó: “TERMINAR el incidente de desacato promovido por Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía, en contra del señor Gustavo Francisco Petro Urrego”, y “INAPLICAR la sanción impuesta por desacato”.

Tras conocerse la decisión, el abogado del presidente, Alejandro Carranza, informó el resultado a través de su cuenta en la red social X, donde sostuvo que la decisión judicial mantuvo la validez de distintos elementos relacionados con el debate público en torno al caso, al señalar que quedaron intactos el derecho del presidente a denunciar hechos de interés público, el control político del Congreso y las investigaciones desarrolladas durante años sobre el Banco del Pacífico.

En su mensaje agregó que ninguna autoridad judicial declaró falsos los hechos mencionados en el debate ni ordenó retractaciones adicionales, y que tampoco se restringió la continuidad del debate público sobre los temas objeto de discusión.

Carranza explicó además que la aclaración del presidente se limitó a precisar que los hermanos Moreno no han sido objeto de imputación, acusación ni condena penal en relación con los hechos mencionados.

Antecedentes del caso y actuaciones previas

La controversia judicial se originó a partir de declaraciones del presidente Gustavo Petro realizadas durante un Consejo de Ministros, en las que abordó presuntos hechos vinculados al Banco del Pacífico, el “volteo de tierras” en la Sabana de Bogotá y el predio Hacienda San Simón.

Posteriormente, los hermanos Roberto y Luis Alberto Moreno Mejía interpusieron una acción judicial solicitando la rectificación de las afirmaciones, al considerar que afectaban su presunción de inocencia.

Como resultado del proceso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia el 12 de febrero de 2026, ordenó al presidente realizar una aclaración sobre sus declaraciones públicas.

En cumplimiento de esa orden, Petro dejó por escrito que los dos mencionados “no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena”, en relación con esos asuntos. Sin embargo, al cerrar su pronunciamiento fue claro en afirmar su posición: “Me mantengo en todo lo probado en el debate parlamentario y mi libro que será editado de nuevo”, expresó Petro.