
Cristian Mena, extesorero de la administración de Apartadó, Antioquia, admitió su responsabilidad por la presunta malversación de fondos públicos en este municipio del Urabá antioqueño.
En una declaración emotiva ante las autoridades, Mena reconoció su implicación en el delito de apropiación indebida de recursos públicos y anunció que los más de 3.500 millones de pesos, involucrados en las transacciones bancarias a través de tokens, serán restituidos antes de la etapa de juicio oral.
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El caso, que ha sacudido a la administración local, involucra también al exalcalde Héctor Rangel Palacios, que fue capturado junto a Luis Arnobio Cuesta, exsecretario de Hacienda; Edison Alberto Mosquera, subsecretario Contable y Financiero; y dos presuntos agentes corruptores, uno de ellos representante legal de una empresa privada.
“También quiero manifestar en esta audiencia y dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio apartado con la vía indemnización antes del juicio condenatorio. Y... yo pediré perdón a mi hijo, a mi esposa, mis amigos y a todas las personas que me conocen, que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí”, dijo Mena, con la voz entrecortada y visiblemente arrepentido por el caso, en un audio publicado por el portal El Boom de Urabá.

Las investigaciones de las autoridades señalan que los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025, periodo en el que los procesados habrían utilizado sus cargos para realizar 50 transferencias bancarias a particulares sin respaldo legal.
De acuerdo con los investigadores, la malversación detectada corresponde a recursos públicos provenientes del recaudo de impuestos. A través de declaraciones juramentadas y testimonios de testigos clave, se estableció que Héctor Rangel habría solicitado a particulares los números de cuentas bancarias para consignar allí los fondos, que posteriormente le serían entregados en efectivo.
El proceso judicial también examina la posible malversación en la ejecución de más de 70.000 millones de pesos, utilizando la modalidad excepcional de vigencias futuras sin cumplir los requisitos legales exigidos. Este mecanismo habría permitido el desvío de recursos bajo la apariencia de legalidad administrativa. La confesión de Mena condujo a la imposición de una medida de aseguramiento en su contra en centro carcelario,

Exalcalde investigado en Apartadó no podía participar en jornada de elecciones atípicas
La jornada electoral extraordinaria celebrada el domingo 6 de abril de 2025 en Apartadó, Antioquia, estuvo marcada por la incertidumbre en torno a la candidatura de Héctor Rangel Palacios, que, pese a figurar como ganador en el preconteo oficial, ya enfrentaba una inhabilidad dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
El proceso electoral se organizó tras la anulación de la elección previa de Rangel Palacios, que fue capturado por el aparente desfalco millonario al municipio, por parte del Consejo de Estado, que determinó que el entonces alcalde incurrió en doble militancia al recibir simultáneamente el respaldo del partido Independientes y el aval de la coalición del Partido Liberal.
Como consecuencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a nuevos comicios y emitió un comunicado oficial en el que detalló el desarrollo de la jornada.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 42.379 ciudadanos acudieron a las urnas para participar en la elección. Una vez concluida la votación, los documentos electorales fueron trasladados al batallón de la Decimoséptima Brigada del Ejército Nacional en Carepa, donde debían ser entregados a las comisiones encargadas del escrutinio.
No obstante, la etapa de escrutinio se vio interrumpida temporalmente. La Registraduría informó que, pese a haber garantizado los aspectos logísticos y de seguridad requeridos, algunas comisiones escrutadoras optaron por suspender el proceso por motivos ajenos a la entidad.
El preconteo oficial, publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, otorgó la victoria a Rangel Palacios. Sin embargo, el viernes 4 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo que lo inhabilitó para participar en las elecciones del domingo 6 de abril.
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