El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López compareció el martes 23 de septiembre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración en la investigación que se adelanta contra la senadora Sor Berenice Bedoya, del partido ASÍ.
La diligencia se realizó en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda y contó con un esquema especial de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), debido a la relevancia de López como testigo en el caso y a su papel como figura central en la red de corrupción que se gestó en esa entidad.
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A su llegada al alto tribunal, López reafirmó su disposición de seguir colaborando con la justicia en los procesos relacionados con la corrupción. “Acudo a la justicia las veces que me necesite y sigo esperando el preacuerdo de la justicia”, expresó antes de ingresar a la diligencia judicial.
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Al término de la declaración, el abogado de López destacó la importancia de que se apruebe el preacuerdo negociado con la Fiscalía General de la Nación, señalando que de este depende la continuidad de los testimonios y la información entregada por su cliente en el marco de su principio de oportunidad.
“Olmedo López asumió un compromiso fehaciente con la justicia y seguirá declarando en las instancias judiciales en relación con su principio de oportunidad y a esa obligación de colaborar con la justicia. Frente a hechos nuevos serán objeto de nuevos preacuerdos, pero es necesario que se apruebe el actual para poder avanzar en otras investigaciones y mantener la colaboración”, explicó el defensor.
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El abogado advirtió que los procesos relacionados con la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aún se encuentran en fases preliminares. “Todavía están en etapas de indagación en la Fiscalía, en otros casos de imputación y en otros de acusación. Es necesario que el preacuerdo se apruebe para que estas declaraciones puedan sostenerse y desarrollarse ante un juez de la República en la etapa de juicio oral”, reafirmó.
Según el defensor, sin este aval judicial, la cooperación de López podría verse comprometida, afectando el avance de las investigaciones y la seguridad de su cliente, quien ha entregado información relevante sobre congresistas y exfuncionarios vinculados al caso.
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Señalamientos contra congresistas y nuevas diligencias

Dentro de las versiones entregadas a la Fiscalía, se señala que la senadora Sor Berenice Bedoya habría solicitado, a través de la congresista Martha Peralta, proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de respaldar reformas impulsadas por el gobierno. Este punto hacía parte de las declaraciones que López debía rendir ante el magistrado Rueda.
No obstante, Bedoya no está incluida en la matriz de colaboración presentada por López, por lo que se desconoce si su testimonio en esta diligencia tendrá un impacto directo en el proceso que se adelanta contra la senadora.
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López tiene programada una nueva comparecencia el miércoles 24 de septiembre ante la magistrada Cristina Lombana, en la que deberá declarar sobre los casos relacionados con los congresistas Martha Peralta, Carlos Trujillo y Julio Elías Chagüi, así como en el proceso contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Preacuerdo en discusión

El preacuerdo que López busca reactivar fue presentado inicialmente en mayo de 2025, pero no fue aprobado por el juez que evaluó su contenido. En el documento, López se comprometía a pagar $724 millones y cumplir una condena de seis años y dos meses de prisión, a cambio de aportar información y testimonio en los procesos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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El juzgado consideró que la pena propuesta no era proporcional a la gravedad de los hechos y la calificó como insuficiente, lo que llevó a rechazar el pacto.
La decisión dejó en suspenso el futuro judicial de López y la continuidad de las investigaciones que dependen de su colaboración. Frente a esta situación, su abogado reiteró que la aprobación de este mecanismo es fundamental para garantizar tanto la seguridad de su cliente como la solidez de los procesos en curso.
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“Es fundamental que el preacuerdo sea aprobado, pues de ello depende que la colaboración continúe y que los procesos puedan avanzar con base en las declaraciones de Olmedo López”, subrayó el abogado.
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