Irene Vélez reaccionó a demanda en su contra: “Entendámoslo como es: otro ataque político”

La abogada Ximena Echavarría Cardona, la Fundación Dilo Colombia y Mauricio Pava Abogados presentaron una demanda ante el Consejo de Estado contra Irene Vélez por presunto conflicto de interés, al ejercer simultáneamente como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible sin declarar esta situación, según informó la revista Semana, lo que lleva a los demandantes a solicitar su destitución.

Frente a la demanda, Irene Vélez reaccionó a través de su cuenta de X y calificó el proceso como un nuevo acto de presión política al afirmar: “Entendámoslo como es: otro ataque político”.

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La acción judicial incluye una petición para que se suspenda temporalmente el nombramiento de Irene Vélez durante el tiempo que tome resolver el caso, bajo el argumento de que su continuidad en el cargo podría vulnerar los principios que rigen la función pública.

La demanda señala que Irene Vélez no incluyó en su declaración de posibles impedimentos el hecho de dirigir la Anla, lo que para los demandantes representa un riesgo de que, desde su posición de ministra encargada, tome decisiones sobre políticas o recursos que impacten directamente a la entidad.

La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, respondió a la demanda presentada en su contra a través de su cuenta de X, donde atribuyó la acción judicial a motivaciones políticas.

Vélez expresó su preocupación por el uso de la justicia como herramienta para difundir acusaciones infundadas y afectar el funcionamiento democrático, además de recalcar que la política debe debatirse en los espacios legítimos y no en ámbitos judiciales. Finalmente, manifestó que está preparando su defensa con confianza en el resultado favorable del proceso y lamentó el desgaste de recursos que implica este tipo de acciones.

“Entendámoslo como es: otro ataque político. El uso de la justicia para propagar calumnias y avanzar jugadas debilita gravemente la democracia. La política debe darse en los escenarios democráticos —en las calles, las plazas y el Congreso— no en los estrados judiciales. Estamos preparando nuestra defensa con plena confianza de que ganaremos. Qué pérdida de tiempo, dinero y energía!!”, escribió por medio de su cuenta de X la funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro.

En cuanto a la demanda en contra de la ministra de Ambiente encargada, los abogados explicaron: “El riesgo se da principalmente por autotutela y pérdida de control jerárquico efectivo. En primer lugar, tenemos el autocontrol jerárquico: el ministro es la autoridad de dirección, coordinación y control sobre la Anla. Si la misma persona ejerce ambos cargos, el control jerárquico se convierte en autocontrol, lo que puede limitar la transparencia y la independencia técnica de ambas entidades”.

Los demandantes advierten sobre la posibilidad de que algunas determinaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales puedan quedar sujetas a su propia revisión, dado que el Ministerio supervisa dichas decisiones. “Como ministra encargada, podría verse en la posición de ratificar o modificar sus propias decisiones previas como directora”, señalaron.

También plantean que la concentración de funciones permitiría a Vélez gestionar el presupuesto, autorizar y supervisar la ejecución del sector. “Al ser la misma persona, la que aprueba y ejecuta, la rendición de cuentas se debilita, pues no hay un tercero que ejerza control”, afirmaron.

Los demandantes advierten que se configura un conflicto de interés, pues sostienen que la ministra tiene la facultad de nombrar a los delegados en los órganos donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales participa o tiene intereses. Según los abogados, esto le permitiría asignarse a sí misma o a personas de su círculo de confianza, comprometiendo la autonomía de la función.

A esto se suma la preocupación de que Irene Vélez asumiría simultáneamente labores de vigilancia sobre su desempeño en la Anla, así como la responsabilidad de adoptar decisiones de carácter político y técnico que, posteriormente, le correspondería implementar desde su doble función.