El Gobierno y Colpensiones definirán el procedimiento para trasladar a miles de trabajadores desde los fondos privados hacia el régimen público de pensiones. El ajuste, que no forma parte de la reciente reforma aprobada en el Congreso, busca aplicar una norma que, según las autoridades, había permanecido sin ejecución durante años.
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, explicó que el proceso cobijará a empleados cuyas tareas implican alto riesgo y que, por ley, deberían estar afiliados al sistema estatal. “Hay una norma que no se venía cumpliendo en el gobierno nacional en Colpensiones de años atrás. Las personas de alto riesgo no pueden estar afiliadas a los fondos privados de pensiones. La ley ordena que sean de Colpensiones”, señaló el funcionario en declaraciones a RCN Radio.
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El directivo precisó que el fondo público ya notificó a las administradoras privadas sobre la obligación de transferir a esos cotizantes. La intención es que el cambio se materialice sin traumatismos para quienes hoy continúan vinculados al esquema individual, garantizando acompañamiento técnico y asesoría clara durante todo el proceso de ajuste administrativo, pese a que su perfil laboral exige otra cobertura.
La cifra estimada ronda los 45.000 trabajadores. Entre ellos se encuentran bomberos, guardianes de establecimientos penitenciarios y empleados de ciertas industrias en las que la exposición a riesgos físicos o químicos supera los estándares ordinarios. De acuerdo con Dussán, garantizar que estén en Colpensiones no solo corrige una omisión histórica, sino que asegura condiciones de protección acordes con la naturaleza de su oficio.
El presidente de la entidad recalcó que este movimiento no debe confundirse con los cambios al sistema pensional aprobados recientemente. “Lo anterior (…) no hace parte de la reforma al sistema de jubilaciones que aprobó el Congreso de la República y en cambio tiene presente algunos derechos que se reconocen mediante el sistema con enfoque solidario”, explicó. El énfasis, dijo, está en cumplir la normativa que protege a quienes ejercen labores especialmente exigentes o peligrosas.
La medida, además, abriría la puerta para que Colpensiones gestione recursos que permitan saldar obligaciones con quienes ya concluyó su vida laboral. “Luego tendríamos para el año entrante la posibilidad de que los recursos del presupuesto que sean aprobados por el Congreso y por mi Junta Directiva, pudiéramos devolver recursos superiores a los $6 billones para que se le pague puntualmente ese bono pensional a los viejos y viejas de Colombia”, añadió Dussán en el medio anteriormente mencionado.
Aunque el anuncio implica un giro importante para miles de afiliados, la entidad insiste en que no habrá afectaciones en los aportes realizados hasta el momento, ni alteraciones imprevistas en los procesos ya consolidados dentro del sistema pensional vigente y regulado. El objetivo, según el presidente, es que la transición respete los derechos adquiridos y brinde certeza sobre los beneficios futuros.
La decisión de activar el traslado masivo responde, en última instancia, a la necesidad de cerrar un vacío regulatorio que había permitido que personal expuesto a riesgos extremos permaneciera en planes privados, sin que estos ofrecieran las garantías que la ley reserva para ellos en el régimen solidario. Con el nuevo paso, Colpensiones espera fortalecer la cobertura de quienes desempeñan funciones esenciales para la seguridad, la prevención de emergencias y la operación de sectores estratégicos.
El debate sobre cómo articular esta medida con los procesos administrativos de los fondos privados será el punto central del encuentro previsto para los próximos días. Allí se definirán los plazos y la logística de un movimiento que, según Dussán, debe ser ágil y cuidadosamente planificado para evitar contratiempos innecesarios durante la fase inicial y no prolongar más la situación irregular.
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