Gregorio Elijach ordenó intervención especial en proceso penal por presunta omisión en casos de ‘falsos positivos’

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, dispuso la creación de una agencia especial que participará en el proceso penal contra varios fiscales y un exfuncionario de la entidad, investigados por presuntas omisiones en el seguimiento de casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

Esta decisión se adopta luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsara copias para que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones correspondientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida busca garantizar que el órgano de control ejerza todas sus competencias constitucionales y legales en la actuación judicial, según explicó el procurador. “La Procuraduría no comulga ni comparte ningún hecho de violencia, mucho menos los relacionados con los llamados falsos positivos, que enlutaron a miles de familias colombianas”, afirmó Eljach Pacheco al anunciar la creación de esta agencia especial.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó investigar a varios fiscales y a un exprocurador judicial penal de Valledupar por hechos ocurridos entre 1999 y 2002. Estos casos se enmarcan dentro de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia durante el conflicto armado, en las cuales civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate.

Estas conductas, debido a su gravedad, son consideradas crímenes de lesa humanidad, lo que las hace imprescriptibles. El exfuncionario vinculado a los hechos fue retirado inicialmente de la Procuraduría el 18 de mayo de 2007, reintegrado por orden judicial el 28 de febrero de 2013 y, posteriormente, separado definitivamente de la entidad el 4 de marzo de 2014.

La Fiscalía General de la Nación será la encargada de adelantar el proceso penal en contra de los fiscales y el exfuncionario señalados, con la intervención de la agencia especial designada por la Procuraduría. La medida busca asegurar que se establezcan responsabilidades y que no se repitan omisiones que afecten el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La Procuraduría aseguró que reafirma su compromiso de actuar como garante del respeto a los derechos humanos y de contribuir al esclarecimiento de uno de los episodios más graves en la historia reciente del país.

Cabe recordar que esta actuación coincide con un momento clave en el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos. El jueves 18 de septiembre, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP emitió la primera sentencia relacionada con ejecuciones extrajudiciales cometidas en alianza entre exmilitares y grupos paramilitares.

La sentencia cobijó a 12 exintegrantes del Batallón de Infantería La Popa, con sede en Valledupar, quienes aceptaron su responsabilidad como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas. En total, 135 casos de falsos positivos cometidos entre enero de 2002 y julio de 2005 fueron abordados en esta decisión judicial.

Según la información recopilada por el tribunal de paz, soldados del Batallón La Popa se habrían aliado con estructuras paramilitares para ejecutar asesinatos sistemáticos, principalmente contra miembros de las comunidades wiwa y kankuamo, en el departamento del Cesar y el sur de La Guajira.

El subcaso de la costa Caribe cuenta con 538 víctimas acreditadas. Aunque inicialmente fueron imputados 15 exmilitares, solo 12 aceptaron cargos. Entre ellos se encuentran Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.

Los tres exmilitares que no reconocieron responsabilidad, entre ellos el coronel (r) Publio Hernán Mejía, enfrentarán un juicio ordinario en el que se podrían exponer a una condena de 20 años de prisión.