La Procuraduría General de la Nación envió un concepto a la Corte Constitucional en el que pidió continuar con el análisis de la Reforma Pensional.
El organismo señaló que este retraso ha prolongado la incertidumbre de millones de colombianos que esperan la entrada en vigencia de la norma, afectando especialmente a quienes dependen de una pensión para su sustento.
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El proyecto, una de las iniciativas principales del Gobierno, fue aprobado en su último debate en la Cámara en junio de 2024 y debía entrar en vigor en julio. Sin embargo, la Corte Constitucional devolvió el texto para subsanar vicios de procedimiento detectados durante el cuarto debate legislativo. Aunque el Congreso corrigió los errores y volvió a aprobar la reforma a finales de junio, el alto tribunal solicitó las actas de las sesiones extraordinarias para verificar que el trámite se realizó conforme a la ley.
Gregorio Elijach cuestionó la exigencia de actas
En un concepto radicado ante la Corte, la Procuraduría solicitó que el tribunal avance con el estudio de constitucionalidad sin esperar la entrega de la totalidad de las actas. “Que pueda continuar, de la manera más célere posible, con el análisis de fondo de la subsanación del vicio de trámite señalado en este proceso de constitucionalidad”, indicó el documento, firmado por el procurador general, Gregorio Elijach.
El organismo advirtió que la falta de definición sobre la reforma afecta a millones de personas, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, e insistió en que la ausencia de estos documentos no debería frenar la revisión judicial. Según Eljach, las actas son relevantes para la fe pública y la transparencia, pero no constituyen un requisito indispensable para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto.
La Corte Constitucional había solicitado las actas desde el 22 de julio, pero hasta mediados de septiembre no las había recibido en su totalidad. En un auto, Jorge Enrique Ibañez, magistrado sustanciador recordó que, conforme al artículo 50 del Decreto Ley 2067 de 1991, los servidores públicos tienen la obligación de colaborar con el alto tribunal. “Tercero. - Advertir a la Presidencia de la Cámara de Representantes que el artículo 50 del Decreto Ley 2067 de 1991 consagra un deber de colaboración de los servidores públicos con la Corte Constitucional, cuyo incumplimiento podría dar lugar a las consecuencias allí previstas”, señala el documento judicial.
Cámara de Representantes envió las actas
En respuesta a estos requerimientos, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, del Partido de la U, informó este viernes 19 de septiembre que se remitieron las actas solicitadas por la Corte Constitucional.
“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, afirmó López a través de su cuenta en X.
Con este envío, la Corte podrá verificar si las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio corrigieron adecuadamente los vicios de procedimiento señalados en el Auto D-15.989 del 9 de septiembre de 2025. Entre las pruebas requeridas se incluye la certificación de aprobación de las actas, la fecha de las votaciones y los resultados obtenidos. Sin embargo, una de estas actas, la número 256 del 26 de junio, no fue aprobada por falta de cuórum, lo que mantiene dudas sobre la validez del trámite.
El alto tribunal ahora deberá revisar la información recibida para definir si el proceso legislativo cumplió con los requisitos legales. Hasta entonces, la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 sigue en suspenso, mientras crece la presión política por un fallo que determine el futuro de la Reforma Pensional.
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